Santo Domingo -Cientos de trabajadores desafiaron la lluvia que moja la capital dominicana este domingo primero de mayo, para realizar una manifestación por el Día Internacional del Trabajo y sentar posición sobre los temas que mantienen enfrentados a sindicalistas y empresarios en la mesa de las negociaciones.
Los representantes de las principales centrales sindicales se pronunciaron sobre la reforma del Código de Trabajo y la modificación del derecho a una cesantía, la reformulación del sistema de pensiones, la resolución que otorga derechos a las trabajadoras domésticas, el derecho a formar sindicatos en las empresas y el establecimiento de la atención primaria.
«Estamos aquí para decir no a los empresarios que quieren quitarnos la cesantía», afirmó Gabriel del Rio, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC). Reclamó que el derecho a la cesantía en el nuevo Código de Trabajo no sea quitado y que, al contrario, se logre un Código «que pueda permitirnos a nosotros avanzar».
Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), llamó a la unidad de las fuerzas sociales y de todos los trabajadores de la República Dominicana, y les pidió no disgregarse, porque esa es la oportunidad que, según él, están esperando «los enemigos de los trabajadores» para hacer sucumbir las conquistas laborales.
Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), explicó que los líderes sindicales han preferido dialogar y por eso han acudido a todas las mesas de diálogo a las que se les ha convocado, pero advirtió «que nadie se equivoque y confunda esto con debilidad».
Dijo que el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, les aseguró que no hay propuesta por parte del Gobierno que atente contra la cesantía laboral.
Las tres centrales expresaron que se mantendrán firmes y unidos «frente a los deseos manifiestos de sectores empresariales de cercenar derechos adquiridos de los trabajadores en el Código Laboral, que en la fecha cumple 30 años de su promulgación”.
Indicaron que la Ley de Seguridad Social «no puede funcionar cuando más del 45% de los gastos de salud es cubierto por el bolsillo del ciudadano, uno de los más altos en América Latina».
“Tampoco funciona mientras permanezca atascada la Atención Primaria y no haya una real voluntad de su entrada en vigencia, y mucho menos si una de sus principales características, como lo es la universalidad, cojea porque más de medio millón de trabajadores de difícil cobertura no son protegidos por dicha ley”, manifestaron.
Señalan que urge por igual introducir cambios que aumenten los montos de las pensiones de los afiliados a las AFP.
Estudios citados indican que el 82.4%, de los 1,855,277 cotizantes del sistema recibirán apenas 8 mil pesos, si cumplen con las 360 cuotas de aportes, lo que es igual a 30 años de labores.
Afirmaron que por eso plantean otorgar pensiones solidarias no contributivas y el fortalecimiento del sistema nacional de salud, para que dé respuesta a las necesidades de la población.
Reiteraron su lucha en defensa de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva consignada en la Constitución de la República y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
