«En futuros expedientes» sobre el respeto de la privacidad, «deberíamos revisar todas las jurisprudencias», escribió el juez Clarence Thomas en un alegato personal que acompaña a la decisión.
Cita tres sentencias: «Griswold v. Connecticut», de 1965, que consagra el derecho a la anticoncepción; «Lawrence v. Texas», de 2003, que declara inconstitucionales las leyes que sancionan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; y «Obergefell v. Hodges», de 2015, que protege el matrimonio para todos a nivel de Estados Unidos.
Según Clarence Thomas, como estas jurisprudencias se basan en el mismo precepto de la Constitución que el que protegía el derecho al aborto, la Corte tiene «el deber de ‘corregir el error'» que establecieron. Habría entonces que analizar si otros apartados de la Constitución «garantizan el sinfín de derechos» así «generados», explicó.
Por ahora solo es la opinión de uno de los nueve jueces integran el templo del derecho estadounidense.
La profunda remodelación de la Corte Suprema bajo la presidencia de Donald Trump, que nombró a tres nuevos jueces dando una clara mayoría a los conservadores, hace temer a los demócratas, abogados y asociaciones defensoras de derechos, que varias conquistas, incluida la del matrimonio entre personas del mismo sexo, acaben en el banquillo.
Los tres magistrados progresistas de la Corte se han desvinculado de la mayoría que, según ellos, «pone en peligro otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios homosexuales».
