SANTO DOMINGO.-El abogado Carlos Balcácer, quien en el caso Medusa representa al exprocurador general de la República, se pregunta “cuál es el misterio; cuál es el enigma que rodea a “este oscuro personaje” Rafael Stefano Canó Sacco?.
“Cómo es posible que hayan sido traducidas al sumario acusatorio, familias que tienen dos y tres generaciones trabajando de forma honrada y seria, y a este truhan no se le haya tocado ni siquiera tocado con un peso de pena punitiva. Cómo es posible?…eso es increíble”.
Respecto al inicio del juicio preliminar, Balcácer considera que debe otorgarse un plazo de entre 60 o 90 días, un poco más de lo que consideran abogados de la defensa de otros que comparten acusación con Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, en el expediente elaborado por el ministerio Público.
“Lo que ocurre es que 12 mil páginas tú la divides en dos semanas, que fue cuando la notificación; divides eso sin descanso; sin esparcimiento, porque eso no existe en el quehacer, y tú le colocas entonces 156 mil páginas de lo que ellos (MP) llaman prueba, que es lo que está aquí (en un disco), que Jean Alain no puede acceder a las mismas. Entendemos que si es así, parece que el Ministerio Público tiene un criterio sobre el tiempo muy diferente a nosotros”.
Además de tiempo, el reconocido jurista dice que necesitan “prueba fi-si-ca”.
Para la próxima semana, el abogado Balcácer ha adelantado que hará importantes revelaciones en una rueda dde prensa, para la cual no ha fijado fecha.
Rafael Stefano Canó Sacco, quien había sido apresado en España por agentes de la INTERPOL que ejecutaron una orden de arresto en su contra emitida por las autoridades dominicanas por su vinculación a la red que, según el Ministerio público, estafaba al Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se desempeñó como Jefe del Gabinete del Procurador, Jean Alain Rodríguez, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2020.
Las funciones de Canó Sacco, prófugo desde julio pasado, en la Procuraduría General de la República eran coordinar a nivel nacional las iniciativas y proyectos especializados de carácter administrativo, operativo y de recursos humanos.
El Ministerio Público establece que benefició a su socio, Daniel Elías Manzur Báez, a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana.
