SANTO DOMINGO.- La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) intimó al presidente de la República, Luis Abinader, a fin de que en el proyecto del presupuesto general para el año 2023, sean asignados a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público y de la institución.
Esto, afirmó la entidad, en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley No.194-04, con la advertencia de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Francisco Rodríguez Camilo, presidente de Fiscaldom, manifestó que también fueron intimados Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República; Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados; José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda; José Rijo Presbot, director general de Presupuesto,
Dijo que también fueron puestos en mora para que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público, en cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 1 y 3 de la Ley No.194-04.
Rodríguez Camilo destacó que con la asignación de los recursos económicos que les corresponden al Ministerio Público, se cristalizará y consolidará la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República, y de esa manera este órgano pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003, con la promulgación de la Ley No.78-03 (derogada), los cuales fueron incorporados a la Ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público, lo cual nunca se ha cumplido.
Argumentó que los fiscales carecen de un salario digno o decoroso, al nivel de las funciones que desempeñan y que no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obliga a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios, rodeados de los focos de delincuencia.
Víctimas de atentados
En un comunicado de prensa, la entidad argumentó que solo en San José de Ocoa, en el último mes, cuatro fiscales han sido víctimas de atentado de parte de sectores ligados a la delincuencia y al narcotráfico.
Otra queja que sacan a relucir es que no tienen un plan de seguro médico de alta cobertura, por lo que, afirma, en los últimos 15 días han muerto tres fiscales, por carecer de buenas atenciones médicas y de medicamentos.
“Hay más de 50 fiscales en mal estado de salud provocado por el estrés laboral, padeciendo de cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estomacales, digestivas, depresivas, ansiosas, Alzheimer, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca; y más de veinte (20) que están esperando la pensión por vejez o discapacidad”, reza el comunicado.
A pesar de esas alegadas precariedad, dice que no tienen un plan de retiros, pensiones y jubilaciones, como lo ordena la Ley No.133-11, en sus artículos 106 y 107, “lo que trae como consecuencia que los hijos, la esposa (o) y los dependientes de los miembros del Ministerio Público están condenados a quedar desamparados, en miseria, y en precariedades, cosa ésta que no sucede con los jueces del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, los militares, los maestros, los empleados del Banco de Reservas y del Banco Central”.
Según la intimación hecha, urge que el presidente Abinader entregue los recursos para que Miriam Germán y el Consejo Superior del Ministerio Público puedan poner de inmediato el funcionamiento del plan de retiros, pensiones y jubilaciones del Ministerio Público; pagarles a los miembros del Ministerio Público el salario, remuneraciones e incentivos que les corresponden por mandato de la ley; asignarles a los miembros del Ministerio Público y su familia un seguro médico de alta cobertura, al mismo nivel de sus pares del Poder Judicial; que el Ministerio Público pueda contar con más recursos económicos para realizar mejores investigaciones y un trabajo más eficiente.
