Por José Francisco Peña Guaba
Todos me saben defensor acérrimo del sistema de partidos, lo que nos motivó a construir hace varios años el FOPPPREDOM (Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana), institución sin fines de lucro, que vela por el fortalecimiento de la democracia y de su principal base de sustentación, las organizaciones partidarias, por lo cual esta reflexión de modo alguno, quiere desconocer el sagrado derecho de los amigos integrantes del Partido de la Liberación Dominicana, de escoger su portavoz o estandarte electoral para las elecciones del 2024.
En este artículo solo valoraré, desde el ámbito de lo legal y de lo estratégico, “la llamada consulta de simpatías”, escoger el candidato o la candidata de los morados, para los próximos comicios electorales, del nivel presidencial, que se llevará a cabo el tercer domingo de mayo del año 2023.
Lo que nos sorprende a casi todos, es la intención del PLD en buscar un resquicio dentro de la improbable legalidad, para adelantar la escogencia de quién lo debe representar como su candidato presidencial en las próximas elecciones, que creo será un esfuerzo fútil, porque le será muy difícil o agreste el camino para lograrlo de esa manera, ya que la misma (la consulta) no tendría validez legal alguna, y solo los sometería al escarceo de procesos de impugnación ante los órganos electorales competentes y ante los tribunales de justicia, donde estamos, casi seguro, terminaría esa improductiva acción por muchas variopintas razones que aquí les explicaré, veamos:
- Le será muy difícil a los morados conseguir apoyo institucional y ciudadano para su llamada consulta, que no es más que una primarias adelantada, porque fueron precisamente los altos dirigentes de esa organización los que impusieron las leyes electorales (33-18 de Partidos Políticos y 15-19 Orgánica de Régimen Electoral) que la prohíben, y remiten su realización a más tardar el primer domingo del año preelectoral, es decir, en el 2023, fue precisamente el gobierno de mi amigo Danilo Medina, el que imputó “‘a sangre y fuego” la hoy media ley de partidos en el año 2018, en donde se quiso hacer un traje a la medida de la época, con el interés de quitarle a los partidos políticos la discrecionalidad, para que escogiesen, en el tiempo que les fuese conveniente, sus candidatos, que hoy no tengan la posibilidad legal de hacerlo, fue obra supina de la dirección actual de los morados;
- No hay manera alguna de escoger un candidato presidencial antes de esa fecha, porque la ley vigente no deja espacio alguno para realizarlo, nos conmina, nos obliga a todos los integrantes del sistema de partidos a esa injusta realidad, es por eso que el pleno de la JCE, de manera unánime, en sesión administrativa del 30 de agosto recién pasado, estableció que la llamada consulta no tendrá carácter vinculante ni definitivo, porque no limita los derechos de los que aspiren posteriormente y los obligará a realizar como quiera un proceso de elección interna en el año 2023, ya que sus resultados no tendrán reconocimiento alguno por parte de la institución que organiza las elecciones internas en la escogencia de los candidatos, que es la Junta Central Electoral;
- Las propuestas de reformas a las leyes electorales depositadas por la JCE, apenas inician trámite de conocimiento por una Comisión del Senado de la República, por lo que para el l6 de octubre, en los pocos días que faltan, no habrá modificación alguna a la ley de partidos que la autorice, por tanto esta consulta será ilegal en todos los aspectos, ya que viola disposiciones taxativas de la normativa electoral vigente, no solo por los plazos sino porqué dicho precedente puede crearle un grave problema a la administración electoral, porque otros partidos políticos también se verían tentados a hacer lo mismo, y con ello crearían “un gran embrollo electoral” de inimaginables consecuencias, pues esto de seguro terminaría en los tribunales, que deberán fallar en respeto a las leyes y desconociendo todo cuanto hayan hecho las organizaciones políticas envueltas en dicha selección ilegítima;
- Los morados deben entender que lo que sucederá no es contra ellos en particular, es que fueron sus leyes impuestas que lo hacen prisionero en esta situación, por sus infaustas anteriores decisiones. La JCE dejó claro en su comunicado de marras que no reconocerá la consulta, que no prestará su software, que no tramitará solicitud alguna para el préstamos de las escuelas públicas para tales fines, porque no son locales partidarios sino locales del Estado, no enviarán sus inspectores, ni supervisarán de ninguna forma dicha consulta y dejo transparentemente claro que no reconocerá de modo alguno los resultados de la misma, aunque la JCE no se negó a prestarle los equipos informáticos a los morados, sin embargo queda por ver si en verdad lo podrá hacer, ya que el Tribunal Constitucional estableció por sentencia la inconstitucionalidad de la automatización del voto, declarando la nulidad del artículo 99 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y también dispuso no conforme con la Carta Magna los artículos 123 de la Ley 15-19 y del párrafo del artículo 52 de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, dada su conexidad con el eliminado artículo 99, queda la interrogante de si la Junta Central Electoral puede a partir de la decisión del TC, prestar sus equipos a un partido político para automatizar un proceso de selección de un candidato, cuando solo sería válido en los tiempos legales dispuestos hacerlo de forma manual;
- Quedan a valorar otras consideraciones para evaluar la llamada consulta de simpatías: ¿cómo pueden participar los ciudadanos que no son miembros de esa organización en un asunto interno de ese partido? ¿si votan afiliados de otros partidos, cuál sería su status a partir de esa acción? ¿cómo se puede convocar a miles de ciudadanos electores sin árbitro, ni supervisión oficial y más aún sin seguridad pública a su servicio, cuando las pasiones propias de este tipo de procesos se desborden? ¿cómo se establecerá la cantidad de participantes? ¿y, cómo se puede comprobar los concurrentes a la misma? ¿cómo y quién conocerá de las impugnaciones de los disconformes a los resultados en una mesa de votación? ¿quién vigilará o supervisara para evitar la acostumbrada compra de votos? ¿cómo se acepta o se incentiva la participación de miembros de otros partidos a concurrir para votar a solicitud de los aspirantes presidenciales en dicha consulta? estás como muchas otras preguntas, no las hacemos los dirigentes de otros partidos y muchos ciudadanos, sin encontrar todavía respuesta alguna a nuestra dudas.
Si es intrincado lo ilegal de la consulta, mucho más es en términos estratégicos para esa colectividad política, porque de ahí puede salir ese partido en peor situación que la que se encuentra hoy, porque no existe garantía real de un consenso o de aceptación unánime de los resultados, y esto podría parar casi seguro en los tribunales de la República, llevados por los miembros disconformes o supuestos derrotados en dicha consulta, que ahondaría, aún más, la estima popular de los morados, porque en vez de salir más unidos, saldrían estos mucho más divididos, y lo único que lograrían con esto es adelantar su fragmentación, ya que miles de peledeístas frustrados por los funestos resultados de la consulta, irían a buscar refugio en apoyo a los partidos y candidatos que están llamados a polarizar en las próximas elecciones.
Lo peor de todo, es que la corriente danilista, por razones atendibles preferirá por mucho a mi amiga la doctora Margarita Cedeño ante el alcalde de Santiago Abel Martínez, por entenderla más próxima a los intereses del presidente de esa organización, el expresidente Medina, ya que la exvicepresidenta no le restaría brillo, ni autoridad ni poder de negociación a Danilo, lo que sé de seguro sucedería si triunfa Abel, ya que éste se convertiría de inmediato, por las tantas razones que huelga mencionar, en el jefe y negociador absoluto de los morados.
De todo esto lo más inverosímil, es hacer una consulta nacional con un gasto multimillonario para que no tenga validez legal alguna, porque los derechos de todos los dirigentes peledeístas permanecen indemnes, por lo cual pueden aspirar a ser candidatos presidenciales en el obligado proceso interno a celebrarse el año entrante, cosa está muy natural en un país, donde todo el mundo aspira y que ve en su participación en los procesos de elección, la forma de valuarse en el mercado electoral para futuros acuerdos de participación gubernamental.
Sé que lo que impulsa a un grupo de importantes dirigentes del PLD es el buscar posicionarse en la ciudadanía para las elecciones venideras ante la gran delantera que les lleva Leonel Fernández que con su Fuerza del Pueblo mina día a día la posibilidad de convertir esa organización en el polo principal opositor y que creen que escogiendo a tiempo su candidato presidencial pueden parar la sangría de militantes y simpatizantes a otros lares políticos.
Los más perjudicados de lo que pasará con la llamada consulta serán los actuales aspirantes a cargos electivos en el nivel municipal y congrensual, porque mientras más se debilite electoralmente el PLD y más contradicciones se produzcan entre los equipos de los postulantes presidenciales más lejana será su posibilidad de triunfo ya que esta situación fortalecería innegablemente a los potenciales candidatos locales del polo opositor representado por la Fuerza del Pueblo, y por el gobierno el PRM y los aliados de ambos.
Pero es muy difícil hacer entender a los que se niegan a ver la realidad y solo buscan de manera egoísta mantener su posicionamiento personal frente al interés del colectivo, porque por buscar la casi imposible disputa presidencial frente al oficialismo para las elecciones del 2024, lo que lograrían es perder la posibilidad de obtener una buena representación de senadores, alcaldes y directores de DM, porque será básicamente en las candidaturas uninominales donde serán barridos, a consecuencias de esa moribunda estratégica consulta.
Sé que los consejos nuestros no serán tomados en cuenta esta vez por el liderazgo peledeísta, como tampoco lo fueron como cuando les advertí las consecuencias catastróficas de no llevar a Leonel Fernández como su candidato presidencial en el 2020, y el tsunami electoral opositor que les ganaría arrolladoramente el Senado y la más importantes plazas municipales, cosa que les sucedió.
Cuando el espíritu de cuerpo se pierde, y no se piensa en los demás pasan estas enrevesadas coyunturas, en donde buscando cambiar lo inevitable, producto de tan erráticas decisiones pasadas, solo se logra actuar en contra de los intereses de los propios, que al sentirse desprotegidos por su organización buscarán asiento en otro proyecto que le dé mayores garantías de obtener ganancias a sus legítimas aspiraciones a posiciones electivas locales.
La consulta será el ataúd, donde se enterrará las glorias del pasado hegemónico de los morados, porque además de que no lograrían convertirse en el principal polo opositor, conllevará a efecto de la misma a un éxodo masivo de su membresía media y de base, que producto del carácter idiosincrático de nuestros nacionales, que con su agudo olfato y con el acostumbrado sentido de la oportunidad, siempre abandonan los barcos que se van a zozobrar, y, por ende no los pueden llevar a un puerto seguro.
