Santo Domingo.– La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fijó para el 28 de este octubre el inicio de la audiencia preliminar contra los acusados de los casos de supuesta corrupción Coral y Coral 5G y dispuso la fusión de ambos expedientes.
Así lo dio a conocer este martes el Ministerio Público en un documento, en el que aseguró que la acusación está «blindada», por lo cual los acusados serán enviados a juicio.
«La acusación es bastante fuerte y bastante robusta. En palabras del magistrado Wilson Camacho la acusación está blindada», dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
LOS QUE SERÁN JUZGADOS
La acusación de la Operación Coral involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el 26 de septiembre pasado le fue confirmada la prisión preventiva.
Además de Cáceres Silvestre, el expediente involucra al coronel Rafael Núñez de Aza así como a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), quienes también cumplen prisión preventiva.
Asimismo, al sargento de la Armada de República Dominicana Alejandro José Montero Cruz, con medida de coerción de garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, y el mayor del Ejército de República Dominicana Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria.
Mientras que por el Caso Coral 5G son procesados los generales Boanerges Reyes Batista, de la Armada, así como Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
También están acusados el capitán de navío Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
Igualmente, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
PRESUNTO FRAUDE POR RD$4 MIL MILLONES
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos de supuesta corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó, supuestamente, en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
