Santo Domingo, República Dominicana. El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un sometimiento por negación de información pública respecto a operaciones de deuda, gastos e inversión realizadas por los 27 Fideicomisos Públicos.
Dentro de las instituciones incluidas en el recurso interpuesto figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Banco y la Fiduciaria Banreservas.
Miguel Surun Hernández informó que esas entidades y sus incumbentes violaron la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública al rehusarse a entregar información financiera respecto a inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los Fideicomisos Públicos, creados por el Gobierno Central.
“Haciendo uso de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública, en fecha 20 de diciembre de 2022, hemos realizado varias solicitudes de acceso a la información pública, dirigido a las instituciones públicas que están relacionadas, así como también a la Fiduciaria Banreservas, centrándose en la verificación de legalidad y transparencia en el manejo del patrimonio público, requiriendo, la cuales fueron negadas”, indicó Surun Hernández.
Sostuvo que entre las informaciones requeridas figuran: emitir certificación donde se haga constar la relación completa de los Fideicomisos Públicos y/o Privados creados por el Gobierno Dominicano desde el 2018 a la fecha, incluyendo aquellos fideicomisos donde el Estado Dominicano tiene participación, así como la normativa jurídica, ley o decreto en virtud del cual fue creado, incluyendo el nombre de los encargados de manejarlos, así como los componentes o miembros del comité técnico con indicación de sus respectivas funciones.
De igual forma sostuvo que requirieron emitir certificación donde se haga constar el monto erogado o desembolsado por cada uno de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Estado Dominicano por entidades públicas, en virtud de decretos, leyes y/o donde el estado dominicano tenga participación, haciendo constar los montos erogados, desembolsados, pagados con cargo a cada uno de los citados fideicomisos, haciendo constar la fuente y el destino de dichos recursos y/o inversiones realizadas hasta la fecha.
Dijo, además, que, fue solicitada una certificación donde se haga constar las obras, inversiones, servicios y productos adquiridos, obras iniciadas, servicios recibidos con cargo a los citados fideicomisos propiedad del Estado Dominicano, de las entidades estatales y/o donde el Estado tenga algún tipo de participación.
Miguel Surun Hernández manifestó que es muy preocupante que entidades públicas se resistan revelar información pertinente a los fideicomisos públicos, los cuales envuelven patrimonio público, y que por vía de consecuencia atañen a los intereses de la nación.
“Podríamos estar en presencia de un endeudamiento paralelo y clandestino, fuera del registro y de la fiscalización ciudadana” apuntó el gremialista.
Advirtió que el CARD, Primero Justicia y él como ente social no se quedaran de brazos cruzados cuando se trate de defender al pueblo dominicano.
