LIMA (AFP).-El Congreso peruano declaró al presidente colombiano Gustavo Petro como “persona no grata”, por las expresiones del mandatario sobre semejanzas entre la policía peruana y tropas nazis.
La moción, aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones, indica que se declara “persona no grata a Gustavo Petro, presidente de Colombia” y exhorta al Ejecutivo a que se “garantice” que el jefe de Estado colombiano “no ingrese al territorio nacional”.
El pasado fin de semana Petro se refirió a la movilización y desfile de efectivos que hizo la policía peruana en el centro de Lima mientras sindicatos y organizaciones sociales se concentraban a pocas cuadras de distancia, para protestar contra la presidenta Dina Boluarte.
“Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo Petro en una declaración.
En respuesta, el parlamento peruano rechazó lo que considera “inaceptables declaraciones del señor Petro, que constituyen una ofensa a la Policía de Perú, a la República de Perú y, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío”.
“Lo que estamos haciendo es defendiendo a nuestra Policía Nacional(…) Nadie puede ofender a nuestra policía diciendo que son tropas nazis”, expresó la congresista peruana Maricarmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Petro, un exguerrillero, junto con los gobiernos también de izquierda de México, Bolivia y Argentina, ha expresado su apoyo al destituido expresidente peruano Pedro Castillo, quien está detenido en una cárcel en Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La salida del poder de Castillo desató una ola de manifestaciones en Perú, en ocasiones violentas, que ha dejado al menos 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.
Desde la llegada al poder de Boluarte la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
AFP
