SANTO DOMINGO- La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), propuso debatir ampliamente el proyecto minero Romero, el cual realiza sus operaciones en la provincia San Juan, y no tratar de imponer la propuesta del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El caso de Romero, ha sido ampliamente debatido, teniendo un rechazo social amplio. La minería es una de las actividades más agresivas contra el medio natural, cuyas huellas y capacidad de recuperación son difíciles de alcanzar, sobre todo, cuando no se está dispuesto, primero, a realizar serios y rigurosos planes de restauración ecológica, y segundo, cuando solo prima el beneficio, las utilidades, que es lo que ha caracterizado la minería en República Dominicana.
Romero tendría una repercusión negativa en uno de nuestros Parques Nacionales declarado para producir agua, como lo es el José del Carmen Ramírez.
Todas estas variables, y otras más, deben ser debatidas, con criterio técnico, y sin la bravura de un ministro y el gobierno, que hoy se desdicen de lo que predicaban ayer.
Expresa qué, San Juan de la Maguana es el granero del Sur, es decir, su potencial y realidad es que se trata de un Valle agrícola, que por años ha contribuido con la seguridad alimentaria del país, la embestida y cambio drástico que produce la minería atenta contra esa realidad.
La Academia de Ciencias considera que el agua es un recurso imprescindible, y de Romero se conoce que puede afectar el río San Juan, tributario de primer orden del rio Yaque del Sur, curso hídrico de capital importancia para todas las actividades en la región suroeste, la explotación subterránea, no excluye la posibilidad de contaminación en las aguas, que del subsuelo brotan a la superficie en forma de arroyos, manantiales, norias o cañadas.
Solo la instalación de la explotación implica modificaciones en la estructura geológica, geográfica y de pendiente en esta zona de montaña, lo cual, tendrá una repercusión negativa en el paisaje y en el sistema funcional ecológico del lugar escogido para ese aprovechamiento minero.
Por tanto, hay que medir muy bien los beneficios de una explotación que pueda dejar unos pesos temporales, versus el daño permanente y continúo a enclaves ecosistémicos productores de agua.
La Cordillera Central en su vertiente Sur, ha sido muy degradada, por diversas causas, está explotación sería una más, con graves y profundas repercusiones similares a las que dejó la Alcoa en la Sierra de Bahoruco, que después de décadas aún quedan allí sus huellas indelebles.
Desde el gobierno se mantiene un discurso dual, por un lado, se ponderan los efectos adversos del Cambio Climático, instando y pregonando la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, y por otro, se soslaya este discurso promoviendo la minería sin freno, como centro futuro de la hegemonía económica del país, cosa poco prudente para nuestra condición de isla.
La minería, aún, en países grandes, continentales, con reglas más rigurosas que la nuestra, dónde impera la consecuencia de la ley, tiene alto rechazo y cuestionamientos, dado su capacidad destructiva del ecosistema y la estabilidad ambiental.
La credibilidad de ese sector está en entredicho en el país, no podemos olvidar el chantaje de Falcondo, cuando quería explotar Loma Miranda, quien alegó que tendría que cerrar sus operaciones, ya que, sin Miranda, su negocio no era rentable, y, aún están aquí.
Condena actitud grosera de ministro Energía y Mina contra los ambientalistas
En una actitud netamente antidemocrática y autoritaria, el señor ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso, ha declarado que se obvien y no se tomen en cuenta los planteamientos técnicos con que sectores dedicados a la protección del medio ambiente, los ecosistemas productores de agua, y la biodiversidad objeten determinadas explotaciones mineras.
En efecto, el funcionario en unas declaraciones que reprodujo en la prensa nacional el 9 de julio, declaró que: «el gobierno no puede dejarse acorralar por ambientalistas radicales que se oponen al desarrollo de proyectos mineros», instando a que sean obviados e ignorados en sus consideraciones.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y su Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, deploran los planteamientos del ministro Almonte, quien con los mismos se presenta ante la sociedad del siglo 21, como un promotor de la imposición, destierra el diálogo y la crítica u objeciones técnicas, negándose al debate.
No existe una oposición al desarrollo, sino, más bien, a qué las cosas se hagan correctamente, siguiendo procedimientos, que permitan descartar iniciativas que degraden enclaves naturales que sustentan procesos ecológicos que proveen servicios ambientales imprescindibles como el recurso agua, o que no acentúan los efectos adversos del cambio climático, ante la embestida por diferentes vías de la destrucción de los bosques, hábitats y ecosistemas frágiles.
