MANAGUA.- La última embestida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores en Nicaragua ha sido una redada que dejó más de 40 personas detenidas.
El aparato del poder sandinista celebró unos juicios exprés y sin garantías en plena madrugada y dictó arresto domiciliario para casi la mitad de estos activistas, líderes campesinos y periodistas.
El esquema de acusación masiva por delitos como “menoscabo de la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas” supone un retorcido y novedoso método que pretende sembrar el terror y, en última instancia, provocar exilios forzados.
El alcance del operativo solo es comparable con la conocida como Operación Limpieza de 2018, a la que este miércoles se anunció la confiscación de los bienes de la Cruz Roja y la cancelación de su personalidad jurídica.
COLAPSO MORAL Y POLÍTICO DE ORTEGA Y ESPOSA
El conjunto aberrante de medidas traslada la evidencia del colapso moral y político de la pareja gobernante.
Han pasado cinco años desde la mayor oleada de protestas sociales que hizo temblar la Administración sandinista. Desde entonces, Ortega ha apretado todas las teclas de la represión, incluido el destierro el pasado mes de febrero de 222 presos políticos. Esa maniobra trataba de aliviar la presión internacional que asfixia a su Gobierno, pero acto seguido el régimen buscó golpear a esos opositores y a otro grupo despojándoles de la nacionalidad nicaragüense.
Además, la liberación de un contingente de perseguidos ha reiniciado la maquinaria policial a las órdenes de Ortega y Murillo, lo que en el país centroamericano se conoce como “efecto puerta giratoria”, es decir, volver a llenar las cárceles, entre ellas una de las peores mazmorras de América, El Chipote.
Los últimos procesos electorales han sido una farsa. Ortega ha traicionado el espíritu de la Revolución Sandinista, pero no da ninguna señal que haga vislumbrar una posibilidad sincera de diálogo.