SANTO DOMINGO.-Por tercera vez fue aplazado el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy), y otros procesados en la Operación Camaleón, acusados de incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.
La nueva audiencia fue fijada para el próximo 16 de marzo por la jueza Yanibet Ribas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tras acoger una solicitud motivada por la licencia médica de Marino Feliz Rodríguez, abogado de la empresa Aurix.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó el desglose del expediente de la empresa vinculada a Jochy Gómez para evitar el aplazamiento del juicio; sin embargo, la jueza rechazó ese pedimento.
“El tribunal rechaza la solicitud del Ministerio Público, entendiendo que la persona que representa esta empresa tiene que evaluar el impacto que tiene el requerimiento del Ministerio Público en esta parte del proceso… El tribunal tiene que recibir una debida asesoría o conversar con ese o con otros abogados respecto a la separación de esa empresa”, manifestó la magistrada.
Los demás encartados son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Alvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, y la empresa Aurix S.A.S.
El grupo que habría desviado RD$1,317 millones a través de la contratación irregular para la red de semáforos del Gran Santo Domingo, y provocado el sabotaje en la red semafórica ocurrido en agosto del 2024, el Ministerio Público le imputa los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Dichos ilícitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. También se aplican la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando; la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.