SANTO DOMINGO.-El presidente de la República dispuso una nueva reconfiguración del tren gubernamental mediante el Decreto núm. 3-26, con el que fueron designados Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Nelson Arroyo como director general de Aduanas; y Víctor “Ito” Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones. Las designaciones buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas al crecimiento económico, el comercio exterior y la política habitacional.
Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón Desde agosto de 2020 se desempeñó como director general de Aduanas. En el ámbito político, es fundador del PRM, su actual secretario nacional de Finanzas, miembro de la Dirección Ejecutiva y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020. Es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una maestría en Derecho Internacional del Centro de Estudios Estratégicos de París. Fue profesor universitario en PUCMM, APEC y UNIBE entre 2003 y 2016, y socio gerente de la firma Staff Legal, SRL, desde 2004 hasta 2020.
Nelson Arroyo, nuevo director general de Aduanas, se desempeñó durante el período 2020–2024 como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cargo que ocupó hasta su reciente sustitución. Nació en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados. Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia. Además, ha sido vocero de bancadas tanto del PRD como del PRM.
Víctor “Ito” Bisonó es un servidor público con más de 30 años de trayectoria institucional. Fue ministro de Industria, Comercio y Mipymes desde agosto de 2020 y cuatro veces diputado del Distrito Nacional entre 2002 y 2020. Ha impulsado importantes marcos legales en materia de competitividad, energías renovables, sociedades comerciales e institucionalidad, y ha formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Su gestión pública se ha caracterizado por un enfoque técnico, pragmático y orientado a resultados.
