SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano realizó una charla para sus proveedores sobre prevención del lavado de activos y la lucha contra la corrupción, como parte de los esfuerzos del banco por educar y fortalecer la responsabilidad en toda su cadena de valor.
El encuentro forma parte de una serie de actividades diseñadas por la institución financiera para asegurar que tanto sus colaboradores internos como externos actúen de manera ética y transparente, en conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales que buscan evitar este tipo de delitos.
El objetivo es contribuir a un sistema financiero más fuerte y confiable. Durante el evento, la señora Ayeisa de los Santos, vicepresidenta del Área de Gestión de Abastecimiento del Banco Popular, subrayó la importancia de esta formación: “La prevención del lavado de activos no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad ética que todos compartimos. Como proveedores del Banco Popular, ustedes desempeñan un papel crucial en asegurar el cumplimiento de las normativas que protegen la confianza y la reputación de nuestras instituciones”.
Durante la charla, los proveedores del Popular pudieron profundizar en las normativas y prácticas actuales sobre la prevención del lavado de activos, así como explorar estrategias para colaborar de forma efectiva en la lucha contra este delito, que tiene consecuencias negativas en la estabilidad económica y social del país.
Cultura de transparencia, confianza y respeto
Con estas acciones, el Popular reafirma su compromiso de educar y apoyar a su red de proveedores, promoviendo una cultura de transparencia, confianza y respeto mutuo en sus relaciones comerciales.
Actualmente, el Grupo Popular cuenta con una red de más de 2,700 empresas proveedoras aliadas, principalmente pequeñas y medianas compañías que emplean decenas de personas cada una, poseen un alto grado de fidelidad y se definen por sus buenas prácticas.
Las empresas colaboradoras de la organización financiera suscriben un código de ética para proveedores que establece los principios gerenciales y laborales que deben cumplir en materia de derechos humanos, derechos laborales, cuidado al medioambiente, responsabilidad social empresarial, seguridad en el trabajo, entre otros principios que impulsan la reputación de estas empresas suministradoras.
