Santo Domingo. El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, sostiene que la imputación a la que la PEPCA atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico La Nueva Victoria.
Al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA ha entorpecido con una falsa acusación.
Asimismo, confirman que las contrataciones iniciales se llevaron a cabo bajo un proceso diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas seis (6) empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
El ex Procurador está privado de libertad sin haberse realizado la auditoría que indique si hubo irregularidades. De igual manera, para auditar no hay que parar una obrar ni cerrar una institución generando millones de pesos en pérdidas al Estado, por cuyos graves daños deberá responder la PEPCA y no el ex Procurador ni la actual Procuradora al asumir correctamente las mismas y hasta mayores responsabilidades legales.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de licitaciones regulares, donde ganaron las mejores empresas y ofertas con cientos de participantes y ninguna impugnación de las demás decenas de empresas que participaron en el proceso por eso la Procuradora General, Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales. Estas construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo realizados por prestigiosas empresas del país, contemplando que los terrenos si son aptos para construir al igual que en los alrededores se construyeron importantes zonas francas, el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Gustavo Biaggi Pumarol.
La veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó, refrendó y validó expresamente, mediante adendas, los 11 principales contratos de las empresas constructoras, les aumentó el precio respectivo asumiendo esas 11 empresas entregarle las obras en proceso a esta gestión según estaba estipulado también en el contrato original. Estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, siendo depositadas por la misma PEPCA como parte del expediente, pero que nunca hace alusión a ellas ni informan si han pedido a los contratistas cumplir lo acordado con ellos, ni reparar cualquier reclamo.
“El Ministerio Público dice que esas obras constituyen un fraude, y sin auditoría tienen detenido a Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, el pasado 2 de diciembre del 2020, la Procuradora General ratificó y refrendó estos contratos iniciales, puntualizando literalmente que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumentó en 50 o 60 millones cada uno de ellos. La actual gestión ratificó los contratos iniciales en todas sus partes y se comprometió nuevamente con esas empresas a entregar las obras en marzo del 2021 (6 meses posterior a la firma de las adendas). Esto contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria. Es un absurdo privar de su libertad a nuestro cliente sin él ser constructor y sin haber violado la ley en este sentido cuando además la actual gestión firmó los mismos contratos y pagó un sobre precio por las obras que el Ministerio Público define como inservibles en su Medida de Coerción”, añadió Biaggi.
De igual manera reafirman que dentro de los contratos se estable que son los contratistas los eventuales responsables cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial. “No entendemos porque esta nueva administración si ha identificado los vicios, que no creemos ciertos, no requiere a los contratistas el supuesto cumplimiento de dichas cláusulas, las cuales están totalmente cubiertas por un acuerdo contractual, mientras nuestro cliente sigue privado de libertad, sin haber puesto un solo block”, manifestó Francisco Franco.
Puntualiza que los contratos, firmados por ambos procuradores, contemplan importantes cláusulas de cobertura para daños y fallas, amparadas y protegidas además con pólizas de fiel cumplimiento y vicios ocultos. “Es absurdo y mezquino afirmar que estas estructuras son inservibles y que deben ser demolidas como ha afirmado en numerables ocasiones la PEPCA, sin hacer el más mínimo peritaje y sin pensar que su gestión, a sabiendas que eran obras supuestamente inservibles, pagó 220 millones adicionales a los contratistas. Frente a nuestro cliente que no identificó incumplimientos, un crimen y las quieran destruir, y no dudamos que en pocos meses intenten hacer lo mismo con la actual Procuradora por ella haber también contratado y pagado esas obras que la PEPCA quiere destruir para así justificar un daño que solo ellos han generado.
“Es inverosímil que, contando los contratos iniciales con las ratificaciones recientes de esos mismos contratos, la PEPCA esté impidiendo terminarlas, que es parte de su responsabilidad, usando la excusa de que esperan por la Cámara de Cuentas a sabiendas que no es necesario detenerlas y que Miriam Germán Brito pagó esas sumas adicionales, ni reclaman cualquier arreglo de los supuestos vicios, para ahora prestarse, seis meses más tarde de su superior haberles otorgado más dinero a los contratistas y estos comprometerse frente a esta gestión a entregar las obras supuestamente inservibles, a decir que el ex procurador es el responsable y privarlo de su libertad”, manifestó.
La Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes y una directora encargada, el penal dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad, miles de cámaras y computadoras, ropa de cama, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, biblioteca con más de 30,000 libros, más de 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, gimnasios equipados, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes, vestimenta para privados de libertad entre otros.
Aseguran se entregó todo absolutamente nuevo con la responsabilidad de los contratistas de finalizar la segunda fase en menos de 30 días, para una capacidad total de más de 8,700 internos con un precio ya cerrado, dejando la pasada gestión más de 300 millones en cuentas para saldar los compromisos pendientes con esos contratistas.
Lamentan que en el mismo mes de agosto del 2020 personal de la Procuraduría haya ordenado destruir mas de 50 layas de mármol ubicadas a nivel nacional en cada obra donde se hacia constar que habían sido realizadas en la gestión del 2016-2020. Destruyeron también el letrero de bienvenida en piedra de casi 100 metros de La Nueva Victoria y le llamaron “gallinero” sin haberla visitado y hasta le cambiaron el nombre a “Las Parras” para luego abandonarla generando pérdidas millonarias al Estado dominicano y un daño al sistema, mientras los internos que esperan la operatividad de esas obras mueren a disparos o apuñalados.
Utilizan la excusa de que han paralizado las obras para que la Cámara de Cuentas realice una auditoría lo que revela la mal sana intención del órgano persecutor, ya que perfectamente podría realizarse dicha auditoría sin detener la obra revisando las cubicaciones, costos y entregas, como las realizan todas las instituciones, sin detener su operación.
Peor aún, que estén ahora realizando una auditoría comprueba que mantienen privado de libertad por más de siete meses a un ex Procurador y ciudadano, sin ser ingeniero y sin a la fecha tener un informe que identifique irregularidades.
Sustenta que el expediente es contradictorio y sin fundamento y que da pena que a pesar de que la PEPCA reconoce las condiciones de los recintos penitenciarios, diciendo que existe más de un 800 por ciento de hacinamiento, no se haya trasladado a la fecha un solo interno por el malsano interés de no reconocer una obra, generándose muertes y miles de personas continuando en un estado inhumano y deplorable. “Es inverosímil pensar que un funcionario de la categoría de un ex Procurador esté privado de libertad, violentándoseles todas las garantías constitucionales, por simples hechos no comprobados bajo la responsabilidad contractual de terceros y que en un futuro aparenten que quieren perseguir a la actual Procuradora por exactamente los mismos hechos.”
Si hubiese sobreevaluación, que no creemos que los contratistas hayan hecho ese acto, quien pagó la sobrevaluación? Evidentemente la actual Procuraduría, porque fue el último pago no contemplado en los contratos originales. Está preso porque los inodoros no descargan o las pinturas en algunas edificaciones se descascararon. “Ese es el verdadero crimen, su apresamiento y no poner en funcionamiento esa obra”, señaló Balcácer.
