SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que, a partir de este martes 7 de marzo procederá a realizar la primera etapa del proceso de revisión masivo de constancias de proveedores del Estado con documentación legal-administrativa vencida o desactualizada en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Esto implica que se evaluarán y desactualizarán proveedores con inscripción, desde el año 2005 hasta la fecha, que tengan el Registro Mercantil y la certificación Mipyme vencidas.
De acuerdo a la circular PNP-2023-0002 los proveedores dispondrán de 30 días hábiles, contados a partir de esta fecha, para actualizar su documentación, es decir, hasta el 18 de abril de este año.
La DGCP explicó que el objetivo de la medida es continuar fortaleciendo la confiabilidad e integridad de la base de datos del RPE administrado por este órgano rector, en cumplimiento del numeral 8 del Artículo 36 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como del Artículo 13 del Reglamento de aplicación aprobado mediante el decreto 543-12.
Mediante una nota de prensa, la institución exhortó a los proveedores a realizar los trámites de lugar para la actualización de dichos documentos, en cumplimiento con los requisitos previstos en la Resolución PNP-04-2022, que establece los parámetros que determinan las situaciones por las cuales un proveedor debe actualizarse, la cual se encuentra disponible en el apartado Sobre nosotros-Marco Legal-Resoluciones de políticas del portal web institucional.
Según el artículo 19 del Reglamento de aplicación, de la Ley 340-06 los proveedores tienen la obligación de mantener actualizados sus documentos legales administrativos al momento de la presentación de su oferta o de lo contrario pueden tener inconvenientes que afecten participaciones, ser habilitados para la apertura de oferta económica, adjudicaciones y pagos de contrataciones.
La DGCP explicó que los documentos, cuya vigencia expira son el registro mercantil y la certificación Mipymes. En el caso de esta última, solo anula la capacidad para participar en los procesos dirigidos a proveedores con esta clasificación.
