SANTO DOMINGO.-El coordinador de la Comisión redactora del proyecto de ley de Libertad de Expresión (CCLEX), Namphy Rodríguez, aclaró este varios aspectos sobre la propuesta legislativa elaborada por dicha comisión y presentada por el Poder Ejecutivo.
Rodríguez explicó que el proyecto, que modifica la Ley 6132 de 1962, está enfocado en garantizar la protección de la libertad de expresión y de los derechos de los usuarios de plataformas digitales. Como muestra de ello, aseguró que el texto no contempla penas de prisión por los delitos de difamación e injuria.
El coordinador de la CCLEX también afirmó que en ningún artículo del proyecto se otorga al órgano regulador que será creado la potestad de eliminar contenidos en plataformas digitales, ni de obligar a los medios de comunicación a colaborar con instituciones estatales.
Precisó que cuando el proyecto menciona “plataformas de contenidos o digitales”, se refiere a grandes operadores de internet como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram. Estas empresas tendrían, según la propuesta, obligaciones técnicas de transparencia, como informar al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) sobre sus términos de servicio y directrices para la moderación de contenidos, con el fin de prevenir la censura a los usuarios.
Rodríguez añadió que el Inacom no tendría facultades para regular ni sancionar los contenidos emitidos por medios de comunicación ni por personas en redes sociales, con excepción de temas relacionados con la protección de la niñez y la dignidad humana. Recalcó que las sanciones por delitos contra el honor seguirán siendo competencia exclusiva de los jueces.
Asimismo, destacó que el proyecto contempla la creación de un órgano regulador con independencia del Poder Ejecutivo, cuya designación estaría a cargo del Congreso Nacional.
Ante algunas interpretaciones públicas, Rodríguez aclaró que el texto no establece un sistema de responsabilidad legal para las plataformas digitales por los contenidos que publiquen terceros. En cambio, lo que se indica es que estas plataformas no serán responsables por esos contenidos, a menos que desacaten una sentencia emitida por un juez competente. Esto se establece en el artículo 24 del proyecto.
Recordó también que esta reforma fue elaborada por una comisión integrada por personalidades independientes, con una trayectoria reconocida en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales en el país. El proceso de redacción, socialización y debate se extendió por más de dos años y contó con la participación de sectores nacionales e internacionales, así como con el consenso de entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), académicos y juristas.
Rodríguez agradeció el interés de la opinión pública en el tema y llamó a los ciudadanos a involucrarse en el proceso para mejorar el proyecto. Sostuvo que la propuesta cumple con los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las directrices de gobernanza de plataformas digitales establecidas por la UNESCO.