Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo concluyó este martes el primer ciclo de la Ruta de los Derechos, acción que llevó a la institución a 26 provincias del país, con el objetivo de promover y educar sobre el conocimiento de los derechos humanos, una acción en la que participaron más de 45 mil personas a nivel nacional.
Al encabezar el acto de cierre en el anfiteatro de La Nueva Barquita en Santo Domingo Norte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de las jornadas que se desarrollaron en las distintas demarcaciones del territorio nacional con la finalidad de promover la educación, el respeto mutuo y la participación de la población en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
“Con la Ruta de Derechos logramos que las personas impactadas conozcan sus derechos, porque una ciudadanía empoderada es una garantía de una democracia más robusta y participativa”, explicó Ulloa.
En ese sentido, detalló que este programa que impactó a miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el país incluyó visitas a las escuelas, conferencias en las gobernaciones y alcaldías, en las universidades, encuentros con mujeres emprendedoras, a los centros penitenciarios y concluyó con una Feria de Derechos en los principales parques de las ciudades visitadas.
Asimismo, anunció algunas de las acciones que pondrán en ejecución desde el órgano constitucional en el 2025.
“Para el próximo año retomaremos la Ruta de los Derechos visitando los 158 municipios del país, porque nuestro interés es promover los derechos y que la gente sienta que tiene una institución que es garante de los derechos humanos”, agregó.
Instituciones aliadas
La Ruta de los Derechos contó con el apoyo interinstitucional de la Oficina de Protección al Consumidor de electricidad (PROTECOM), Ministerio de la Mujer, Seguro Nacional de Salud (SENASA), Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), SUPERATE (Mujeres Super Emprendedoras), Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Puntos Solidarios, Casas de Justicia, entre otras organizaciones.
