SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaronacusación formal en contra de miembros de una supuesta red criminal de testaferros y prestanombres, que según los fiscales lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Según la acusación, los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio
