SANTO DOMINGO. – La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos expresó este martes su seria preocupación ante lo que describió como una creciente ola de difamación pública y presuntos chantajes mediáticos que a su juicio amenazan con socavar la ética del ejercicio comunicacional en República Dominicana.
En ese sentido, informó que el Ministerio Público abrió una investigación a raíz de las denuncias de difamación y supuesto chantaje, poniendo como ejemplo los casos que se siguen contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y a otras personalidades.
«Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima en las actuaciones de los señores Ángel Martínez, Claudia Pérez -mejor conocida como “La Tora”-, Luis Alfredo Cabrera -conocido en las plataformas digitales como Kapulet-, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados a dichas actividades. No permitiremos que la libertad de expresión -derecho sagrado en nuestra democracia- se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza», expresó Ramos.
«En los últimos meses, hemos sido testigos de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Esta situación, más que un debate democrático, ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos», dijo, previo a mencionar los referidos casos.
En ese sentido, advirtió que estas prácticas deben detenerse. «Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas».
Ramos advirtió: “No permitiremos que la libertad de expresión –derecho sagrado en nuestra democracia– se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de amenaza”.
“La verdad no puede ser una herramienta de extorsión ni la opinión un disfraz para el delito”, subrayó.