SAN PEDRO DE MACORIS.-La vocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados, consideró que con la Ley de Extinción de Dominio le están vendiendo un caramelo envenenado a la población.
Fior Daliza Peguero, opinó que es una falsa lo que le venden al pueblo dominicano sobre recuperar lo robado.
«Burlandose de los dominicanos que si queremos una ley para recuperar lo robado, yo creo que es una falsa y hay que dejarnos de hipocresia y demostrar lo que realmente queremos» consideró la vocera.
La congresista dijo que el PRD se ha manifestado siempre con la transparencia el manejo pulcro de los fondos públicos, el manejo pulcro de los fondos públicos, la generación limpia de riqueza apegada a la Constitución, las leyes y las buenas costumbres sin defraudar, ni burlar el deber de contribuir con el fisco que tenemos todos los ciudadanos.
“Es en esa virtud, que luego de estudiar el referido proyecto de ley y, sobre todo atendiendo a las posturas sobre el mismo asumidas la comunidad jurídica dominicana, consideramos oportuno y necesario que en el país se establezca la figura de la extinción de dominios, como un mecanismo para enfrentar el enriquecimiento ilícito originado en actividades como el narcotráfico, la corrupción administrativa, la evasión tributaria, la elusión fiscal, el tráfico de armas, entre otros” sostuvo Peguero mientras leía el comunicado de prensa.
Expresó que esa entidad política apoya la aprobación de una ley de extinción de dominio que, por su carácter orgánico, garantice claramente el derecho a los principios de la irretroactividad de la ley y la presunción de inocencia, principios estos resguardados y plasmados en nuestra Constitución.
“En ese mismo orden, nuestro Partido considera que la ley en discusión debe observar la protección del derecho de propiedad, en las condiciones establecidas por el Artículo 51 de la Constitución, además de un plazo de prescripción de 20 años” Indicó.
Por tales razones, instruimos a nuestro bloque de diputados a procurar la aprobación de una ley de extinción de dominio cuyo ámbito de aplicación alcance desde el crimen transnacional como el narcotráfico, el tráfico de armas, hasta la corrupción administrativa, y en la cual se refuercen las garantías constitucionales establecidas para la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad.
