Santo Domingo, D.N.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Henríquez, junto a los legisladores que conforman el bloque, apoderaron a la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales, de una instancia en la que pone a disposición de este órgano de las múltiples denuncias de violaciones a la Ley Electoral en las que han incurrido el Gobierno Central y entidades de la Administración Pública en la presente campaña electoral.
El legislador precisó que las inauguraciones previo a las elecciones municipales están prohibidas, y con las mismas se viola la equidad electoral y principio de neutralidad electoral.
“Las faltas y sanciones administrativas como consecuencia de los actos de inauguración que hace el gobierno, y los programas de asistencia sociales que benefician a los candidatos del partido de gobierno, las conoce la Junta Central Electoral por apoderamiento o de oficio, pero el fiscal electoral es quien debe actuar de oficio o por apoderamiento, abre la investigación y presenta cargos a los tribunales penales de primera instancia, quienes como órganos competentes conocerán si hay o no delito electoral”, señaló Luis Henríquez.
A su vez, calificó como un cartel de funcionarios lo que el gobierno ha instaurado en la operatividad política en cada provincia, por lo que se pregunta: ¿Cómo se puede diferenciar al dirigente político del funcionario en esas tareas en cada territorio?
Destacó que es responsabilidad de este organismo de recién creación actuar de oficio y no lo están haciendo, lo que evidencia una actitud pasiva del órgano jurisdiccional.
El documento establece que el artículo 210 de la ley 20-23 del Régimen Electoral, indica que están prohibidos los actos del gobierno, pues la publicidad de las inauguraciones del gobierno es un acto que incide en favorecer a los candidatos del partido del gobierno.
Agrega que esta norma es clara, so se pueden hacer actos del gobierno (inaugurar estructuras y hacer programas de asistencia sociales, son actos publicitarios gubernamentales), que favorecen indirectamente o directamente a uno o los candidatos del gobierno, motiva el escrito del diputado peledeísta.
Del mismo modo, Luis Henríquez señala que el párrafo VII del artículo 210 de la ley 20-23, establece que, las instituciones se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios, sin embargo, el gobierno ha aumentado no solamente a los beneficiarios, sino los montos de las ayudas sociales, como lo acontecido recientemente con el bono estudiantil del Ministerio de Educación.
Los congresistas peledeístas entregaron al fiscal contra delitos electorales, una lista de varias instituciones gubernamentales que han creado, extendido y aumentado programas de asistencias sociales y realizan inauguraciones en medio de una campaña electoral.
