Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó este miércoles que evalúan opciones con los diferentes actores del sistema para lograr un consenso que permita aprobar el Código Procesal Penal en el plazo establecido por el Tribunal Constitucional.
«En la Cámara tenemos apuro con ese tema, hemos establecido contactos con los demás poderes del Estado, Poder Judicial, el Ministerio Público, con los diferentes actores del sistema, y estamos trabajando la posibilidad de ver si logramos un consenso que nos permita tener en la fecha indicada ese tema resuelto», explicó Pacheco.
El legislador indicó que también se está investigando la fecha exacta en que el Tribunal Constitucional notificó la sentencia, a fin de contar el plazo a partir de ese momento y determinar si el 11 de diciembre, hasta ahora establecido, es realmente la fecha correcta.
Pacheco enfatizó que los diputados apenas tienen un mes conociendo el proyecto, al que calificó como “extremadamente delicado”. Por ello, sostuvo que su estudio requiere rigor y no puede ser “sancochado” ni implicar la eliminación de derechos adquiridos o garantías de los dominicanos.
Entre las alternativas, se contempla —como han planteado algunos juristas— la posibilidad de reincorporar la Ley 10-15 tal como dispone la Constitución, sin modificaciones y respetando el procedimiento legislativo correspondiente a las leyes orgánicas.
La Ley 10-15, vigente por más de una década, fue declarada no conforme a la Constitución debido a un procedimiento irregular en el Congreso. En aquel momento, el Senado —de mayoría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)— aprobó una observación presidencial de Danilo Medina sin completar el trámite requerido en la Cámara de Diputados, lo que derivó en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Pacheco manifestó que precisamente este miércoles estarían en «una reunión de alto nivel», para continuar buscando la salida más viable a la situación.
Sin embargo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) fijó posición en contra de que el TC conceda una nueva prórroga al Congreso. La organización entiende que el proceso de revisión del Código Procesal Penal, particularmente en lo relativo a la Ley 10-15, ya fue objeto de una sentencia firme, por lo que extender los plazos abriría un precedente institucional cuestionable.
Trajano Potentini, presidente del CARD, sostuvo que permitir una extensión significaría que el Tribunal Constitucional estaría retrocediendo sobre una decisión ya adoptada. A su juicio, esa acción afectaría la seguridad jurídica y debilitaría la autoridad del propio órgano, por lo que exhortó a mantener la firmeza del fallo emitido.