ESTRASBURGO (FRANCIA).-La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE) aprobó este jueves una resolución de urgencia en la que insta a los 47
Estados de la organización “a iniciar un debate público sobre la posibilidad de legislar para
que la vacunación sea obligatoria”.
Esa recomendación deja abierta la puerta a que afecte “a grupos específicos o a toda la
población”, y a que esa obligación no se aplique a personas que no pueden ser vacunadas
por razones médicas y a menores.
Varios legisladores del Grupo de la Izquierda Europea intentaron, sin éxito, enmendar esa
recomendación y eliminar la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria.
La APCE aprobó hace un año una resolución que pidió “garantizar que los ciudadanos
estén informados de que la vacunación no es obligatoria y que nadie está sometido a
presiones políticas, sociales o de otro tipo para vacunarse si no lo desea”.
El ponente del informe, el socialista austríaco Stefan Schennach, dijo que la resolución de
este jueves “abre la posibilidad de abrir un debate sobre la obligatoriedad de la vacuna y
que se debata en los parlamentos nacionales, sobre todo para aplicarlo a profesionales de
la salud”.EFE
Añadió que “no hay contradicción” entre sendas resoluciones, como habían interpretado
los parlamentarios que querían enmendar el texto. La enmienda fue rechazada por 41
votos a favor y 55 en contra.
Otra enmienda contra las disposiciones legislativas que obliguen a vacunarse fue
rechazada por un margen similar a la anterior.
La resolución salió adelante de forma más holgada, al contar con el apoyo de 86
parlamentarios, el voto negativo de 13 y la abstención de 10.
Aparte de animar a que se fomente la vacunación, el texto pide “pasar progresivamente a
las mascarillas FPP2 en transportes públicos, lugares concurridos en interiores y exteriores,
y escuelas”. Propone que sean gratuitas para los grupos vulnerables.
Solicita también que se garantice un “acceso libre, eficaz y sencillo” a la vacunación, y
medidas eficaces para “luchar contra la desinformación, falsas informaciones y
desconfianza” acerca de las vacunas anti-covid.
Quiere fomentar además el teletrabajo y garantizar la asignación de los fondos necesarios
a los sistemas nacionales de salud, con el fin de “garantizar una remuneración adecuada
para el personal sanitario y los servicios de atención social y salud mental”.
