Por Namphi Rodríguez
La robustez del sistema electoral brasileño ha dejado satisfechos a ganadores y perdedores. En unas pocas horas, el órgano electoral anunció los resultados de unas elecciones con un padrón de 150 millones de electores.
En Brasil las cosas no siempre fueron así. Hasta finales de la década de los años ochenta hubo reyertas épicas en elecciones muy cuestionadas. Ese fue el punto de partida para que se consensuaran unas instituciones electorales independientes en cabeza del Tribunal Superior Electoral.
La delegación dominicana que participó en las elecciones como parte de la misión de observadores de la Unión Interamericana de Órganos Electorales (Uniore) debió haber visto en ese certamen un paradigma de cómo organizar unos comicios con integridad y credibilidad para 2024.
Sin embargo, mientras la misión encabezada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y copresidente de Uniore, Román Jáquez Liranzo, valoraba el éxito de la democracia en Brasil, en nuestro país se publicaba la noticia de que el presupuesto de las próximas elecciones se achicaría en el próximo año 2023.
La noticia no puede ser más distópica, pues representa un escollo insalvable en un año preelectoral en que se deben llevar a cabo todos los trámites y proyectos para la organización de dos elecciones en 2024.
El 15 de febrero del 2024, el país concurre a las elecciones municipales y, apenas meses después, el último domingo de mayo, habrá de celebrarse los comicios generales en que se elegirán al Presidente de la República y a los congresistas.
En adición de ello, el 2023 es el año de la precampaña, en que las formaciones políticas llevan a efecto los certámenes internos para la escogencia de sus candidatos. En dicho período, la JCE no sólo debe auxiliar a los partidos, sino que está llamada a desplegar sus potestades administrativas para hacer cumplir la normativa electoral y garantizar los derechos de los afiliados.
¿Cuál es el enfoque que se tiene de la función de las elecciones para el sistema político? ¿Qué significado se le atribuye a la autonomía administrativa y presupuestaria de la JCE?
Al decir del politólogo alemán Dieter Nohlen, uno de los oráculos de las Ciencias Políticas modernas, “las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal”, por lo que sus garantías son esenciales para la institucionalidad y el progreso económico.
De su lado, la autonomía administrativa y presupuestaría de la JCE es un precepto que echa raíces en el principio de separación de podres establecido en el artículo 4 de la Constitución y sobre el que ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0001/15 que garantiza una amplia libertad de acción en la elaboración del presupuesto de este órganos extrapoder.
