Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, asumió una postura firme frente al tema de la corrupción en la administración pública, señalando que determinadas prácticas irregulares comprometen seriamente la credibilidad del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En ese contexto, Gómez Mazara se refirió de manera directa a los casos vinculados al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y al Seguro Nacional de Salud (SENASA), los cuales calificó sin rodeos como «una maldita vagabundería», afirmando que ese tipo de conductas son injustificables y que los funcionarios públicos deben tener plena conciencia de que no pueden repetirse. Sostuvo que hechos de esta naturaleza afectan de manera directa la bandera ética del gobierno y debilitan el discurso de transparencia que ha caracterizado a la actual gestión.
El funcionario advirtió que minimizar o relativizar estos casos genera un daño profundo a la confianza ciudadana, alimentando la percepción de que no existen diferencias reales entre las prácticas del pasado y las del presente. A su juicio, ese es uno de los costos políticos más altos que puede pagar una organización que llegó al poder con la promesa de cambio y de una nueva forma de ejercer la función pública.
Gómez Mazara también defendió la existencia de un Ministerio Público independiente, destacando que la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, representa una ruptura clara con las denominadas «procuradurías políticas» de administraciones anteriores. Indicó que esta independencia permite que los casos sean investigados sin interferencias, lo que fortalece la institucionalidad democrática del país.
En ese mismo orden, respondió a los señalamientos de sectores de la oposición, en especial del expresidente Leonel Fernández, quien ha utilizado el tema de la corrupción como uno de los ejes de su discurso político. Gómez Mazara consideró que el debate debe darse de forma civilizada y coherente, recordando que durante gobiernos pasados no existía el nivel de autonomía del Ministerio Público que hoy se observa.
No obstante, aclaró que la independencia del sistema de justicia no exime al gobierno ni a sus funcionarios de responsabilidad política y moral, insistiendo en que la ética pública no admite excepciones ni dobles discursos. Reiteró que los actos de corrupción deben ser rechazados con la misma firmeza, sin importar la institución o las personas involucradas.
Gómez Mazara enfatizó que el mayor desafío del PRM y del gobierno es preservar la coherencia entre el discurso y la práctica, advirtiendo que la repetición de este tipo de «vagabunderías», como él mismo las definió, puede socavar la autoridad moral del partido y afectar la confianza de la ciudadanía.
