Santo Domingo,- El escándalo que sacude al Servicio Nacional de Salud, Senasa, podría tener el mayor número de imputados, más que cualquier otro escándalo de corrupción en la República Dominicana.
A medida que se van filtrando informaciones, en el posible ilícito penal no solo se habría creado un concierto de voluntades para defraudar a la prestadora de salud del Estado, para favorecer económicamente a funcionarios y empleados de la institución, así como otros actores de los sectores públicos y privados quienes formaron parte del festín.
Así las cosas, se ha sabido que una gran cantidad de médicos de los hospitales públicos habrían convenido con laboratorios y centros de imágenes para enviarles pacientes a hacer analíticas, radiografías, tomografías y otros estudios, aunque dichos servicios pudieran ser ofrecidos en centros de salud del Estado, a cambio de lo cual los facultativos recibían sobornos por miles de pesos, dependiendo de la magnitud de los estudios realizados.
En programas de televisión se ha denunciado a prestadoras de salud privadas que se les asignaron hasta 500 mil afiliados para recibir servicios de atención primaria, cuando no contaban con los especialistas para atender a esa gran cantidad de pacientes en las distintas especialidades.
Además, la data de los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SENASA) fue utilizada para orquestar fraudes millonarios, sin que los propios asegurados tuvieran conocimiento de ello.
Uno de los principales esquemas para drenar los fondos del Seguro Familiar de Salud consistía en que una reconocida cadena de farmacias emitía reportes falsos de ventas de medicamentos, utilizando la información personal de los afiliados.
El método empleado se basaba en identificar a los afiliados que no habían consumido la totalidad de su cobertura anual de 12 mil pesos para medicamentos.
A estos se les descontaban montos de hasta tres mil pesos de forma fraudulenta, sin realizar ninguna venta real.
La operación se ejecutaba justo antes de que expirara el plazo para utilizar el beneficio, aprovechando que estos fondos no son acumulables y se pierden al finalizar el año calendario.
Este tipo de fraude se sustentaba en que los afiliados tienen derecho a consumir hasta 12 mil pesos al año en medicamentos prescritos por médicos, pero bajo una condición: el monto no es acumulable. Es decir, si no se utiliza dentro del año correspondiente, se pierde, y el saldo vuelve a iniciar desde cero al comenzar el siguiente año.
Otro esquema de corrupción identificado fue un “call center paralelo” que autorizaba procedimientos médicos que nunca se realizaban. Además, SENASA emitía pagos exprés a ciertos proveedores, y una contratación fue anulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas tras detectarse irregularidades.