Tegucigalpa. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, detenido después de que fue pedido en extradición por EEUU en febrero, comenzó a sufrir desde este viernes, él y su familia, «el aseguramiento e incautación de bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros por dos instancias del Ministerio Público.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) procedieron en ese sentido luego de un coordinado trabajo de investigación patrimonial y financiero sobre el núcleo familiar del exjefe de Estado.
Según la versión oficial, los familiares de Hernández «son sujetos de investigación conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito».
El Ministerio Público señaló que presentó «solicitud ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de bienes de Origen Ilícito, para el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira», en el centro, oriente y occidente de Honduras, lo mismo que «ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros».
«Es importante destacar que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes)», añade el comunicado.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció esta semana que la esposa del expresidente y exprimera dama de Honduras, Ana García, realizó el traslado de dos propiedades a un banco de Tegucigalpa en concepto de pago de deudas, por alrededor de 60 millones de lempiras (2,4 millones de dólares), una semana antes de que el pleno del Supremo ratificara la extradición de Hernández a Estados Unidos.
El Ministerio Público subrayó que «es del criterio que en relación a los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición (el 14 de febrero), se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa».
Además, «sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el período de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente fiscal», indicó el Ministerio Público.
Hernández, quien fue titular del Parlamento (2010-2014) y presidente de Honduras (2014-2022), permanece recluido desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, en una unidad especial de la Policía Nacional.
El 28 de marzo el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extradición de Hernández que, el 16 de ese mismo mes, autorizó un juez natural designado para que conociera sobre el arresto preventivo que con fines de extradición solicitó Estados Unidos el 14 de febrero.
Estados Unidos acusa a Hernández de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas.
Luego del fallo del pleno del Supremo, la defensa de Hernández presentó un nuevo recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Supremo contra la ratificación de la extradición del expresidente, lo que, según penalistas, no tendrá efecto porque el fallo del pleno es inapelable.
Hernández, de 53 años, fue presidente de Honduras hasta el pasado 27 de enero, después dos períodos de cuatro años cada uno que fueron salpicados por múltiples denuncias de presuntos actos de corrupción y narcotráfico, lo que no investigó ninguna autoridad del país por lo que no tiene ningún juicio abierto en su contra en los tribunales nacionales.
