SANTO DOMINGO. – La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) expresó hoy su firme respaldo al Proyecto de Ley aprobado por el Senado de la República que modifica el artículo 21 de la Ley 176-07, previamente modificado por la Ley 75-25. La entidad asociativa municipal considera que esta reforma devuelve la racionalidad al sistema jurídico municipal y garantiza la autonomía financiera de los gobiernos locales.
El director ejecutivo de FEDODIM, Dr. Pedro Richardson , destacó que la modificación aprobada el miércoles por el Senado es un acto de justicia hacia los municipios y distritos municipales. «Lo que ha hecho el Senado es corregir un error histórico que paralizaba nuestra capacidad de servicio. Al unificar los gastos corrientes en un 75%, se nos permite atender la demanda real de los ciudadanos, especialmente en la gestión de residuos y servicios básicos, sin el temor de ser procesados penalmente por el simple ejercicio de nuestras competencias».
El experto municipalista enfatizó que la reforma no genera en absoluto ninguna impunidad, sino que establece un régimen de consecuencias adecuado a la naturaleza de la función pública municipal. «Es fundamental aclarar a la opinión pública que los actos de corrupción, el dolo o la malversación ya están debidamente tipificados y sancionados en el Código Penal dominicano. Lo que esta ley hace es devolver la infracción al incumplimiento de los límites de gasto al terreno que le corresponde: el derecho administrativo municipal, contemplando sanciones severas como la destitución para quienes incumplan los topes presupuestarios».
FEDODIM subrayó que la nueva normativa fortalece el control social y la transparencia, manteniendo la obligatoriedad de especializar fondos para educación, salud y género, además de blindar los recursos destinados a la gestión de residuos sólidos. Con esta medida, el país se alinea con las mejores prácticas del derecho municipal de otros paises, donde la eficiencia en el gasto se incentiva mediante auditorías y responsabilidad administrativa, y no mediante la criminalización de la gestión técnica presupuestaria de los funcionarios municipales.
