Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como un acto de prudencia la decisión de dejar sin efecto una resolución administrativa que disponía el aumento de beneficios para miembros de la Cámara de Cuentas, al considerar que la medida se alinea con los principios del Estado de derecho.
La entidad señaló que la resolución había generado cuestionamientos por su posible contradicción con el orden constitucional, especialmente en lo relativo a la regulación del gasto público y al funcionamiento de los órganos de control del Estado.
FINJUS explicó que el núcleo del debate se centra en la naturaleza de la Cámara de Cuentas, la cual, como órgano superior de control externo, tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia administrativa.
En ese sentido, advirtió que cualquier disposición que implique beneficios económicos directos para sus propios miembros debe respetar los principios de legalidad, razonabilidad y control del gasto, ya que una decisión sin base normativa clara podría interpretarse como una posible extralimitación funcional.
La entidad también resaltó que el orden constitucional dominicano se fundamenta en la separación de poderes y en mecanismos de control, por lo que decisiones adoptadas por los propios beneficiarios pueden generar conflictos de interés y afectar la imparcialidad.
Asimismo, recordó que el principio de racionalidad del gasto público exige que los recursos del Estado se administren con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, siempre en función del interés general.
FINJUS advirtió además que la legitimidad de las instituciones depende de la confianza ciudadana, por lo que decisiones que puedan percibirse como beneficios personales dentro de órganos fiscalizadores afectan la percepción de transparencia y rendición de cuentas.
En conclusión, FINJUS consideró que dejar sin efecto la resolución no solo resulta jurídicamente adecuado, sino también constitucionalmente necesario, al evitar posibles vulneraciones a principios esenciales como la legalidad, la imparcialidad, el control del gasto y la separación de funciones.
La organización sostuvo que esta decisión reafirma la supremacía de la Constitución y la obligación de los órganos del Estado de actuar conforme a los principios que la sustentan.