SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró el cúmulo de escándalos y casos de corrupción denunciados y otros acreditados por la Cámara de Cuentas, sin que hasta el momento hayan producido alguna respuesta o seguimiento por parte del Ministerio Público u otros estamentos, ya sean judiciales o administrativos.
El presidente de la entidad cívica, Trajano Potentini, se refirió a las diversas denuncias recogidas por los medios de comunicación, sobre prácticas cuestionables a lo interno del gobierno y pasados actos de corrupción, de anteriores administraciones, que aun, cuando están sustentadas en auditorías e investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas, se mantienen en un limbo y sin reacción de parte de las autoridades.
Potentini, recordó la venta de terrenos del estado, vendidos por el Banco Central a un funcionario público, a precio vil, perjudicando las arcas públicas con más de 1,000 millones de pesos, el escándalo de la intermediación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con miles de millones de pesos en comisión e incluso hasta como suplidores directos en muchos casos, fundamentalmente en el Ministerio de Educación, entre otras instituciones, donde el PNUD, también ha clavado sus garras, las tabletas del censo, los libros electrónicos o digitales licitados por el Ministerio de Educación, el desfalco en el programa de la tarjeta supérate, las irregularidades registradas en la licitación por más de 12 mil millones de pesos, del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), sobre la asignación y reparto de raciones alimenticias, del periodo 2021-2022, los programas educativos de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), donde destinaron, aún sin explicación, unos 600 millones de pesos para alfabetizar 350 personas, estamos hablando de más de un millón setecientos mil pesos, por cada alfabetizado.
Asimismo, la auditoría de la Cámara de Cuentas, realizada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre el periodo 2014 al 2017, revelando irregularidades por miles de millones de pesos, sumado a los recientes hallazgos de la investigación especial, también de Cámara de Cuentas, evidenciando las graves irregularidades cometidas por el Gabinete de Política Social de la Presidencia, con la contratación de artistas para presuntos conciertos en pasadas festividades navideñas.
En ese orden Potentini urgió al Ministerio Publicó, que lamentablemente y parecería que por falta de recursos logísticos luce rezagado, a seguir ampliando las investigaciones, con más sometimientos, sobre todo en su ineludible obligación de llevar a juicio y sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos que estén comprometidos con el crimen del peculado.
Justicia y Transparencia, también llamó la atención del Ministerio Público para que los casos que tiene en carpeta, tales como coral, pulpo, medusa, hacienda y otros, vaya incorporando los demás encartados, fundamentalmente las personas morales o compañías, que aún continúan contratando con el estado, bajo sus acostumbrados esquemas de corrupción.
En otro orden la FJT lamentó, que hasta el momento no se conozca, ni de los resultados, ni del accionar, planes y seguimiento, que, en beneficio del país,haya concretado el conjunto de abogados que desde el inicio de la actual gestión de gobierno, designará por decreto el Poder Ejecutivo para constituirse en actor civil y perseguir la corrupción en los expedientes de corrupción, reiteramos hasta el día de hoy parecería una estructura que también se encuentra inerte y rezagada en los resultados que debió servir y que aún no conocemos, ojalá estemos esquivados y los referidos abogados puedan dar buenas noticias y resultados que beneficien al país.
La FJT también se refirió a los recientes resultados del sonado caso ODEBRECHT, sobre corrupción estatal y transnacional, que involucra 92 millones de dólares en presuntos sobornos, unos 5 mil millones de pesos, que presuntamente corrieron por el torrente político estatal, comprando voluntades y corrompiendo políticos, todo ello con la agravante y debilidad, de que solo han sido condenados los señores Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, en una persecución selectiva, donde hace falta mucha, pero mucha gente, lo cual amerita que el Ministerio Público amplíe y profundice las investigaciones, con una especie de ODEBRECHT 2.0, sin dudas este caso constituye un monumento a la impunidad y una burla y tomadura de pelo al pueblo dominicano, por ejemplo donde están los sobornados y todos los que actuaron en esa estructura y madeja de complicidad y desfalco al erario público, reiteramos no es, ni remotamente posible, el que toda la culpa de tan complejo expediente solo recaiga en dos personas.
Finalmente, Justicia y Transparencia, cree que es momento de pasar de la retórica a los hechos, dándole un basta ya al flagelo de la corrupción, dándole continuidad, persiguiendo a los funcionarios que han delinquido, enriqueciéndose de manera descarada ante la mirada de un pueblo que está cansado de tanta impunidad, por ello rogamos al presidente Luis Abinader, el disponer para el Ministerio Público, de mayor apoyo logístico, presupuesto y personal, para mejorar su desempeño y resultados, en el combate a la criminalidad organizada.
