Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP), advirtió que el sector arrocero nacional atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país. La organización responsabiliza al Gobierno del PRM de la situación, producto de las importaciones y de la falta de planificación, que han generado un sobre inventario, por lo que reiteró su llamado a declarar en “emergencia” a este sector estratégico.
El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de Fuerza del Pueblo, conformado por las Secretarías de Asuntos Agropecuarios, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, presentó este martes su posición oficial frente a la profunda crisis que afecta al sector arrocero en la República Dominicana. El documento fue leído en rueda de prensa por el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios, quien responsabilizó directamente al Gobierno del PRM de llevar al borde del colapso a uno de los sectores más importantes para la seguridad alimentaria del país.
Según expuso Acosta, el desorden en las políticas de importación ha provocado que los muelles del país se encuentren abarrotados de arroz extranjero, dejando en la ruina a miles de productores locales. “El gobierno no solo hizo caso omiso a nuestras advertencias del pasado mes de julio, sino que continúa agravando la situación al autorizar importaciones masivas que destruyen la producción nacional”, afirmó.
El dirigente recordó que en diciembre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció con entusiasmo el Decreto 693-24, que prometía limitar las importaciones a 23,300 toneladas métricas bajo el DR-CAFTA. Sin embargo, “lo que parecía un alivio se convirtió en una estocada mortal para un subsector que aporta más de 50 mil millones de pesos al PIB, genera 200,000 empleos directos y beneficia a unas 300,000 personas de forma indirecta”, sostuvo Acosta.
La organización denunció que el drama de los productores “se asemeja a una tragedia dantesca”, ya que muchos han debido devolver sus camiones cargados de arroz a las fincas porque las factorías no tienen capacidad para recibirlo. A esto se suma la pérdida de cosechas enteras por falta de almacenamiento, mientras camiones de arroz importado circulan frente a los campos nacionales.
Otro de los puntos críticos señalados es el mal funcionamiento del Programa Nacional de Pignoraciones, históricamente una herramienta clave para estabilizar precios y garantizar el almacenamiento. Héctor Acosta denunció que hoy existe atraso en los pagos y que, de manera “insólita y dañina”, se ha llegado a pignorar arroz importado en lugar del producido localmente. “El PRM pretende retroceder al 2004, época en la que los molineros estaban asfixiados por una deuda de pignoración de 1,100 millones de pesos, situación que fue resuelta en un solo pago por el presidente Leonel Fernández”, recordó.
Los datos presentados son alarmantes: el inventario nacional asciende a 8.1 millones de quintales de arroz pulido en almacenes y canales de distribución, mientras aún faltan por cosechar entre 4 y 4.5 millones de quintales adicionales. De mantenerse este ritmo, para marzo de 2026 el país tendría un inventario de 5.1 millones de quintales, muy por encima de la demanda necesaria para tres meses de consumo, aun sin permitir más importaciones.
En este contexto, los productores también enfrentan una “tara” en muchos casos superior al 50%, lo que reduce drásticamente el valor de su producto. Además, el precio por fanega se redujo en 100 pesos, pasando de 3,700 a 3,600 pesos, lo que representa un duro golpe a la rentabilidad de las cosechas.
La organización cuestionó la pasividad de las autoridades en la última reunión de la Comisión Nacional Arrocera (CONA). “Es inaceptable que se limiten a informar que pondrán la situación en conocimiento del presidente Abinader, cuando más de 14 provincias dependen de esta actividad económica para sobrevivir”, manifestó Acosta.
Al cierre de su exposición, en nombre del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, Héctor Acosta presentó nueve medidas urgentes al gobierno, entre ellas declarar el sector en Estado de Emergencia, prohibir la pignoración de arroz importado, así como de nuevas importaciones hasta 2027, repatriar el arroz que permanece en los muelles, pagar de inmediato la pignoración atrasada, habilitar factorías cerradas y garantizar la planificación racional de la siembra de primavera del próximo año.