Santo Domingo.- El Gobierno dominicano aseguró que el Fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización, por lo que la Central Termoeléctrica es y seguirá siendo 100% propiedad pública.
Esta información la ofreció el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, a través de un comunicado de prensa leído por él en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
Figueroa manifestó que por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el Gobierno dispuso la constitución del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Con esta decisión, precisó, buscan preservar y optimizar la inversión, administración, la operación y fuente de pago de las plantas no constituye una privatización.
Señaló que el fideicomiso, por definición, es una relación de voluntad y confianza mutua entre dos partes para administrar fielmente los bienes cedidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el propietario de los bienes.
El vocero del gobierno explicó que todos los fideicomisos están compuestos por tres partes: una persona física o jurídica que transfiere derechos de propiedad; una persona jurídica autorizada por la ley a recibirlos y administrarlos para cumplir las instrucciones dadas; y una persona física o jurídica beneficiaria de la administración de los bienes.
Figueroa indicó que en el artículo 3 del Decreto 538-21 se indica de forma clara e inequívoca que las tres partes constitutivas del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina son instituciones del Estado dominicano.
Estas instituciones, agregó, son la CDEEE, que a través de su órgano de gobierno la Comisión de Liquidación, transfiere todos los bienes y derechos; la Fiduciaria Reservas, S.A., recibe en calidad de administradora los bienes y derechos; y el Ministerio de Hacienda que será el beneficiario en favor de quien serán administrados los bienes y derechos cedidos al Fideicomiso.
“Como queda explicado, el Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. No puede entonces llamarse privatización a una operación en la que no hubo transacción de compra y venta”, enfatizó el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
Asimismo, aclaró que el Comité Técnico conformado por 5 personas nombradas por decreto operará como un órgano auxiliar ejecutivo de acuerdo con las disposiciones del contrato constitutivo del fideicomiso y el marco legal vigente aplicable. Estas designaciones serán de libre remoción.
