Santo Domingo. – El gobierno dominicano cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit equivalente al 3.45% del producto interno bruto y una deuda pública situada en 47.9% del PIB, en una clara señal de contención fiscal consistente con los objetivos de sostenibilidad macroeconómica y estabilidad financiera, pese a un contexto adverso de presiones económicas internas y externas.
Según los resultados divulgados por el Ministerio de Hacienda y Economía, los ingresos del sector público ascendieron a RD$1.246 billones, equivalentes al 15.6% del PIB esperado, reflejando un crecimiento interanual de 2.8%.
Este desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores niveles de recaudación del impuesto sobre la renta, tanto de personas físicas, generado por el aumento del empleo formal, como de personas jurídicas, mayores niveles de pagos por ganancias de capital, y el incremento en los aportes del sector minero a consecuencia del alza del precio internacional del oro.
Un punto destacado del cierre fiscal 2025 fue el aumento de la inversión pública. El gasto de capital alcanzó RD$207,751.7 millones, correspondientes al 2.6% del PIB, representando un incremento de 11% respecto al 2024, y una ejecución de 18.0% por encima del total aprobado en el presupuesto inicial del 2025.
Entre las entidades con mayores niveles de ejecución presupuestaria se destacan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Ministerio de Educación (MINERD).
Entre los proyectos emblemáticos figuran la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, inversiones viales en Santo Domingo Oeste y el desarrollo de infraestructura turística en Cabo Rojo, Pedernales, además de programas de rehabilitación de carreteras, caminos vecinales y mejoramiento de viviendas.
El gasto del Gobierno Central alcanzó RD$1.521 billones, equivalente al 19.1% del PIB, con una ejecución orientada a protección social, desarrollo productivo y una política fiscal de carácter contracíclico.
El gasto primario creció 4.9% nominal, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2024.
Este desempeño fiscal fue altamente valorado por los mercados financieros, caracterizado por una mejora en la percepción del riesgo país, reflejada en indicadores como el Emerging Markets Bond Index (EMBI) y la revisión favorable de la calificación crediticia por parte de Moody’s.
Todos estos elementos refuerzan el posicionamiento del país como destino de inversión en el Caribe y Centroamérica.
El cierre fiscal de 2025 apunta a una estrategia gubernamental clara: preservar la estabilidad macroeconómica sin sacrificar la inversión pública, ambos elementos de suma importancia para los inversionistas y organismos internacionales ante los desafíos fiscales del mediano plazo y el crecimiento económico.