Héctor Acosta de la FP: “Abinader es el responsable de la peor crisis que vive hoy el sector arrocero”

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Por José Cáceres

SANTO DOMINGO. “Los productores de arroz y molineros están viviendo en estos momentos la peor crisis de ese sector en las últimas dos décadas y lamentablemente el presidente Luis Abinader lo esta permitiendo, ya que eso no es un asunto de un ministro de agricultura”.

La tajante denuncia la hizo, el ingeniero Héctor Acosta, miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP), que pertenece al Subgabinete Agroalimentario del partido verde, al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el espacio “De Entero Crédito” por RNN, Canal 27 que se produce de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Aseguró que el gobierno del PRM y de Luis Abinader está llevando al colapso al sector arrocero nacional mediante una política de importaciones masivas, incluso, violando acuerdos previos y amenaza la seguridad alimentaria del país.

Narró que este año el gobierno se ha atrasado con los pagos de los meses de abril, mayo y junio del programa nacional de pignoración, por el orden entre 400 y 500 millones de pesos que no están entrando al sector arrocero.

Adujo que por eso fue que el presidente Leonel Fernández creó el Programa Nacional de Pignoración que buscó un equilibrio para que todos ganaran, sin que se afectara el precio del cereal al consumidor y eso funcionó a la perfección, cosa que no sucede ahora en este gobierno.

“El programa nacional de pignoración no está funcionando en este gobierno y debo recordar que la crisis del arroz viene desde inicio de la primera gestión de Luis Abinader”, enfatizó Hëctor Acosta.

Acosta señaló que en los gobiernos del doctor Leonel Fernández luego de asegurar el arroz para población, se llegaron a realizar tres grandes exportaciones del cereal en medio de la crisis global.

“En el 2008 se exportaron 660 mil quintales, unos 500 mil en el 2009 y en el 2012 unos 880 mil quintales”, dijo el ingeniero Acosta.

Apuntó que el año pasado este gobierno importó la cifra de 4.7 millones de quintales de arroz por más de 152.7 millones de dólares, cantidad muy por encima de lo pactado en la Comisión Nacional Arrocera (CONA).

Acosta que para este año se acordó no importar el cereal, sin embargo, el gobierno sigue permitiendo que se otorguen permiso de importación de arroz.

Manifestó que cada año el presidente Luis Abinader en los discursos de rendición de cuentas se ufana en decirles al país que se cosechan más de 15 millones de quintales de arroz para el consumo nacional, situación que no es real y eso lo ha desmentido en innúmeras ocasiones el partido Fuera del Pueblo.

“Si fuese así, no habría necesidad de realizar tantas importaciones del arroz, que en estos momentos, están ahogando a los productores y molineros de todo el sector que se encuentran desesperados y no saben que hacer con esa situación”, abundó.

Afirmó que los molineros en estos momentos tienen todos sus locales llenos de arroz porque no encuentran como distribuir su cereal en los mercados tradiciones de distribución como son supermercados, colmados y otros negocios.

“El arroz se les está madurando en las manos a los molineros y productores porque tiene un ciclo de vida muy corto y el gobierno es indiferente y está mirando para otro lado”, precisó el dirigente político.

Declaró que ese sector hoy tiene una “alta preocupación por la crítica situación que atraviesan los arroceros y”, responsabilizó al presidente Luis Abinader de esa situación.

“Héctor Herrera, el mercado nacional se ha visto inundado por arroz importado, lo que ha provocado una grave crisis de comercialización y amenaza con llevar a la quiebra a miles de pequeños productores y molineros”, expuso.

Dijo que cuatro millones de quintales fueron autorizados por el propio gobierno, pese al compromiso de que en 2025 solo se permitiría la entrada de 23,300 toneladas métricas libres de arancel, bajo el Decreto 693-24.

Aseguró que existen sospechas fundadas de que el Gobierno ha continuado otorgando Certificados Sanitarios a importaciones de arroz desde países fuera del tratado DR-CAFTA, lo que constituiría una flagrante violación de los acuerdos establecidos.

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