Washington – AP. La panorama oscuro en el que Estados Unidos podría verse obligado a ceder muchos de los avances logrados frente al coronavirus en los últimos dos años e incluso los más vulnerables podrían sufrir escasez de suministros.
Los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden llevan semanas advirtiendo que el país ha gastado casi todo el dinero del Plan de Rescate de 1,900 millones de dólares que se dedicaba directamente a la respuesta al COVID-19.
Queda una pequeña reserva de dinero y el gobierno se enfrenta a decisiones críticas sobre cómo gastarlo. Eso significa decisiones difíciles, como sopesar si se utiliza para asegurar la próxima generación de vacunas para proteger a las poblaciones de mayor riesgo o dar prioridad a un suministro de terapias altamente eficaces que reducen drásticamente los riesgos de enfermedad grave y muerte.
Esa decisión podría tomarse en la semana próxima, según el gobierno, ya que la Casa Blanca se enfrenta a plazos inminentes para empezar a hacer pedidos de vacunas y tratamientos antes de que otros países se adelanten en el acceso al suministro.
Jha ha advertido que, sin más dinero, las vacunas serán más difíciles de conseguir, las pruebas volverán a ser escasas y los tratamientos que están ayudando al país a capear el aumento actual de casos impulsado por la variante ómicron sin un incremento proporcional de muertes podrían venderse en el extranjero antes de que los estadounidenses puedan acceder a ellos.
“Creo que veríamos muchas pérdidas de vidas innecesarias si eso ocurriera”, declaró Jha días atrás. “Pero estamos estudiando todos los escenarios y planificando para todos ellos”.
Comentó que el gobierno estaba “metiéndose mucho más en el negocio de la planificación de escenarios para asegurarnos de que sabemos lo que puede estar por delante de nosotros para que podamos planearlo y, obviamente, también exponerlo ante el Congreso”.
Jha, quien se negó a hacer una proyección específica sobre la posible pérdida de vidas, se ha convertido en el rostro de los esfuerzos del gobierno de Biden para persuadir al Congreso de que apruebe 22,500 millones de dólares adicionales para la respuesta al COVID-19.
