México (Carlos Taboada / AP).-La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien en 1994 era el candidato presidencial del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que fue asesinado a balazos el 23 de marzo de ese año durante un mitin en la ciudad mexicana de Tijuana.
La dependencia integró un equipo especial con fiscales e integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) para esclarecer el crimen político, cuya indagatoria estuvo plagada de irregularidades desde un inicio, pese a que hay un supuesto asesino confeso en prisión: Mario Aburto.
«El Estado mexicano lo protegería»: la oferta de López Obrador al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio
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Este equipo especial, que fue conformado en abril pasado, busca retomar los procesos penales contra las personas involucradas en el crimen de Colosio, según informó El Universal, citando fuentes del gobierno federal cercanas al caso.
El fiscal Abel Galván Gallardo, quien fue titular de la unidad especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada, es el encargado de liderar la nueva indagatoria.
Primeros pasos
Las primeras acciones por parte del equipo especial consistieron en lo siguiente:
Se pidió a la directora del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados que entregue copias del expediente que elaboró la Comisión Especial para el Caso.
Se instó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que haga llegar las denuncias o quejas interpuestas ante el organismo por Aburto (asesino confeso) o sus familiares.
Se solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que inscriba a las víctimas directas de este caso en el registro nacional, con el propósito de que reciban ayuda y asistencia a través de ese mecanismo.
Tortura de Aburto
El 26 de octubre de 2021, la CNDH inició una indagatoria y determinó que tras el magnicidio, Aburto sufrió «actos de tortura» por parte de elementos de la entonces Policía Judicial Federal —hoy Fiscalía General— y de agentes del Ministerio Público Federal que lo detuvieron y trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de ‘El Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde ingresó el 25 de marzo de 1994, dos días después del crimen.
«Los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos», señaló la CNDH.
Además, el organismo denunció que las autoridades mantuvieron a Aburto en prisiones alejadas de su familia, lo que «constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno», expresaron.
Por ello, la CNDH llamó a la FGR a realizar una nueva indagatoria del caso que dio origen a la detención y sentencia de Aburto, considerando «las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado».
Tras el anuncio de la CNDH, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la protección del Estado para Aburto y su familia, en caso de que decidan ofrecer «otra versión de los hechos».
Si Aburto «puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería», afirmó López Obrador.
