La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y está suscrita por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a un equipo de fiscales compuesto por Héctor García, Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
El órgano acusador establece que los imputados, como responsables de la operación y administración del local, incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La investigación se desarrolló bajo una instrucción especial emitida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien dispuso que la Dirección General de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional asumieran el proceso penal para determinar las causas del colapso.
Según el expediente, el Ministerio Público respalda su acusación con numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales que comprometen la responsabilidad penal de los acusados.
Los fiscales sostienen que los hermanos Espaillat agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de aire acondicionado de gran tamaño y tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que garantizaran su resistencia estructural. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del inmueble, priorizando la reducción de costos pese a los riesgos evidentes.
El documento judicial incluye los informes técnicos elaborados por los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes concluyeron que la falla estructural se debió a una carga excesiva y a la falta de mantenimiento preventivo del edificio.