SANTO DOMINGO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional envió este miércoles a juicio de fondo a todos los implicados en una presunta red que operaba en la Procuraduría General de la República, encargada de eliminar antecedentes penales de delincuentes y presos a cambio de sobornos y que fue desmantelada en agosto de 2024 mediante la Operación Gavilán.
El inicio del juicio contra los imputados, compuestos por fiscales, empleados administrativos y policías, se programó para el próximo 6 de febrero a las 9:00 a.m., con audiencias adicionales previstas para los días 7 y 10 del mismo mes.
Los imputados en este caso son Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Domingo Julio Santana Sánchez, Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Anthony Vicente Ferrer Monegro (miembro de la Policía Nacional), Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos. Entre los acusados también se encuentran familiares de Rubén Darío Morbán Santana.
Según la investigación del órgano acusador, estos empleados actuaban como intermediarios entre los interesados en borrar su historial judicial y los encargados de modificar los documentos, cobrando entre 8,000 y 30,000 pesos por cada operación ilícita.
A través de esta práctica, los implicados manipulaban la base de datos editando los registros de identidad, modificando números de cédula o agregando otros, de manera que, al consultar el sistema, las personas afectadas no aparecieran con antecedentes penales. El Ministerio Público identificó un total de 16,958 alteraciones de documentos, incluyendo 8,406 registros con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos.
De acuerdo con las informaciones del Ministerio Público, Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), son dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
La J estaba preso en España, país que lo liberó hace unos meses. El 17 de este mes, su abogado, Pimentel García, dijo que éste tenía dos meses que había sido puesto en libertad. Estuvo preso acusado de asesinatos, amenazas de muerte y narcotráfico.
