El imputado, quien está recluido en la cárcel de Najayo, a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez elevó una instancia a la fiscal Rosalba Ramos Castillo, quien junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, investigan el crimen.
En la instancia solicitan al Ministerio Público interrogar a Edilio Segundo Florián, consultor jurídico de Medio Ambiente y Milvio Linares Villegas, esté último por ser encargado de dar o no la autorizaciones o permisos, de cualquier naturaleza dentro de la entidad y a la vez por su afinidad con el funcionario asesinado, ya que es su sobrino.
También piden interpelar dentro la investigación a Juan Manuel Cuervo Desangles, Alfonso Mendoza, al director de la Oficina de Samaná, al coronel solo identificado como Cepeda, Carmen Maribel Peralta Cuevas, el oficial Nicolás Montero y Erika Altagracia Herrera Reyes.
Igualmente, solicitan en la proposición de diligencias copias de los reportes médicos realizados al imputado desde el día de su arresto hasta la fecha, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hecho en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como la realizada en la cárcel de Najayo.
Consideran que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.
“Por ello es que resulta necesario a la defensa del imputado Fausto Miguel Cruz de la Mota, de cara a un posible juicio de fondo con todas las garantías y para establecer con certeza lo sucedido”, acotó Sierra.
Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia, ocurrida el 6 de junio en las oficinas de Medio Ambiente.
De acuerdo con el expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz, apodado «Carandai», planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.
Supuestamente, el imputado estaba frustrado porque “hizo campaña política para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y no le resolvieron.
