SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público recusó, la tarde de este lunes, a las juezas que componen el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, debido a que, según el órgano acusador, el tribunal intenta imponer una forma de presentación de la acusación, “lo que a nuestro entender cercenaría nuestra acusación”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
En sus argumentos, Ortiz declaró que aceptar la imposición del tribunal sería como presentar un cuerpo sin columna, “y todos sabemos que un cuerpo sin Columba no se sostiene”.
En tanto, las magistradas Claribel Nivar (presidenta), Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo rechazaron la recusación hecha por el órgano persecutor.
Asimismo, la magistrada Nivar fijó para el próximo miércoles 18 la continuación de esta audiencia.
En este expediente acusatorio, el Ministerio Público acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Según el documento acusatorio, Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa también a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
Producto del acuerdo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
En la audiencia de este lunes, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, así como los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González, Hector Guzmán Alberto y Héctor García.
