BOGOTA (EFE).-El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, tachó este martes de «ilegal» el allanamiento que la Corte Suprema de Justicia hizo a su vivienda, como parte de una investigación en su contra por corrupción, y llamó «loca», «demente» y «delincuente» a una magistrada de ese alto tribunal.
«En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ (Cristina) Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025», expresó Benedetti en un mensaje publicado en la red social X.
El ministro se refiere así al fuero que tienen los congresistas, que son investigados por la Corte Suprema, y que él dice que perdió cuando terminó su periodo como senador hace tres años.
En el mensaje, el ministro acusa a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, de «demente y delincuente», así como que está «enferma y obsesionada» con él.
«¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema», añadió el jefe de la cartera del Interior.
La vivienda allanada es una mansión ubicada a las afueras de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en el norte del país.
En otra publicación Benedetti aseguró que la magistrada Lombana, que estuvo hoy en la diligencia, trató mal a su esposa, Adelina Guerrero, así como «la intimidó y la amenazó con encarcelarla».
Benedetti ha sido acusado de agresiones machistas y protagonizó un escándalo de violencia de genero en julio pasado cuando, al ser embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, su esposa lo denunció por presuntas agresiones físicas durante un viaje a Madrid.
Líos judiciales del ministro
En febrero pasado, la Corte Suprema llamó a juicio a Benedetti, al que acusó de tráfico de influencias por hechos ocurridos entre 2016 y 2017 que están ligados a contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
El ministro fue llamado a indagatoria en julio de 2022 por el caso de Fonade y este fue asumido por la magistrada Lombana, quien recopiló pruebas, entre ellas la declaración de un exasesor de esa entidad en la que advirtió que el político «influyó en el proceso de adjudicación del contrato de Certicámara S.A.», explicó entonces la Corte.
El alto funcionario tiene actualmente siete procesos en la Sala de Instrucción de la Corte. En cuatro de ellos ya se avanzó a apertura formal y otros tres siguen en indagación.