José Cáceres
SANTO DOMINGO.-Según detalla el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público ante los presuntos implicados en el caso del Intrant, a partir de la llegada de Hugo Beras el 15 de agosto de 2022, fue que le dio seguimiento al plan para gestionar el sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y se habría unido al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochí) para darle continuidad al mismo.
El expediente de más de 304 páginas narra, paso a paso, las primeras acciones de Hugo Beras al frente del INTRANT a partir de agosto de 2022.
A continuación una parte de la cronología de los hechos:
Dice que el 15 de agosto del 2022 el imputado Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en sustitución de Rafael Ernesto Arias Ramírez.
A su llegada, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez designó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador de despacho y su representante en la presidencia del Comité de Compras y Contrataciones de dicha entidad.
El referido Comité de Compras estuvo conformado además por Juan Francisco Álvarez Carbuccia quien fungía como director administrativo y financiero; Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, encargada de la dirección de planificación y desarrollo; Martha Morillo De León, encargada de la oficina de libre acceso a la información y Filias Bencosme Pérez, director jurídico y asesor legal del comité.
Después de su designación, Hugo Marino Leopoldo Beras Coico Ramírez, junto con su equipo y la dirección de planificación y desarrollo, elaboró y presentó el Plan Operativo Anual (POA) y el proyecto de Presupuesto para el año 2023.
En enero de 2023, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, en coalición de funcionarios con Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Samuel Gregorio Raquero Sepúlveda, establecieron una asociación criminal con el propósito de cometer actos de corrupción.
Esa asociación involucraba a José Ángel Gómez Canaán (Jochí) y a Pedro Vinicio Padovani Báez, ex empleado del INTRANT y subalterno de Samuel Raquero.
Al analizar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de INTRANT, correspondiente al año 2023, el monto total estimado por la entidad para la totalidad de sus compras fue fijado en DOP$ 808,811,058.24 (ochocientos ocho millones ochocientos once mil cincuenta y ocho pesos con 24/100), es decir, un monto muy inferior a los utilizados en la contratación objeto de esta investigación.
Sin embargo, es importante destacar que estos documentos no contemplaban partidas para proyectos de amplio alcance económico ni infraestructura.
Para la licitación pública nacional se tenía previsto un monto de cuatrocientos trece millones quinientos treinta y seis mil ochocientos pesos con 20/100 (DOP$ 413,536,800.20), para el año completo.
A partir del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2023, se verificó que la dirección de movilidad sostenible, en su eje 1: «Planificación, Diseño, Innovación y Supervisión de la Movilidad Terrestre», ejecutaría el producto «Proyecto de modernización y ampliación de intersecciones», contempló como actividad modernización e implementación del Centro de Control de Tránsito para el Gran Santo Domingo», sin embargo, el valor estimado colocado al mismo estuvo fijado en ciento cuatro millones de pesos con 00/10 (DOP$ 104,000,000.00), el cual contaba probabilidad e impacto alto y se realizaría con la gestión de recursos propios para su implementación.
A pesar de la falta de fondos asignados en el presupuesto y la no existencia del proyecto en el plan operativo anual, en enero de 2023, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, en coalición de funcionarios con Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Samuel Gregorio Raquero Sepúlveda, establecieron una asociación criminal con el propósito de cometer actos de corrupción.
Esta asociación involucraba a José Ángel Gómez Canaán (Jochí) y a Pedro Vinicio Padovani Báez, ex empleado del INTRANT y subalterno de Samuel Raquero.
No obstante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), tener una programación del proyecto en su Plan Operativo Anual (POA) por un monto de DOP$ 104,000,000.00, al momento de convocar la licitación, aumentó en un 1,053% el monto de inversión, llevándolo de DOP$ 104,000,000.00 (ciento cuatro millones de pesos con 00/10), a DOP$ 1,200,000,000.00 (mil doscientos millones de pesos con 00/100), lo que se traduce en aumento de DOP$ 1,096,000,000.00 (mil noventa y seis millones de pesos con 00/100), esto sin justificar a través de cuáles estudios técnicos previos se determinó la elevación del costo del proyecto.
Lo que ocurrió es que hubo una modificación al POA que impactó el monto del proyecto y el presupuesto de la institución, siendo ejecutada esta modificaron por la Dirección de Planificación y Desarrollo, área que para la fecha estaba dirigida por la señora Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, lo anterior por mandato directo de Hugo Marino Leopoldo Reras Goico Ramírez.
Tomando como base el objeto social de la empresa Transcore Latam S.R.L., diseñaron un pliego de condiciones manipulado para aparentemente modernizar, ampliar, supervisar y gestionar el sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. El acuerdo establecido por esta red consistió en adaptar los requisitos del pliego de condiciones a la medida y utilizar documentos falsificados para hacer parecer a la empresa creada por ellos como la más adecuada.
A estos fines, el dieciocho (18) de enero del año dos mil veintitrés (2023), mediante comunicación núm. DEJEC-INT-0076-2023, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras Goico Ramírez, dirigida a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, vía director de gabinete Frank Díaz Warden, solicitó realizar las coordinaciones de lugar para la contratación del servicio de «Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Para ese momento no existía ningún documento con algún tipo de información técnica y financiera, que transparente el costo otorgado al proyecto. El citado proyecto tuvo su origen en la dirección de tecnología de la información y comunicaciones dirigido por Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de dicho departamento, no obstante, el citado requerimiento se realiza desde la dirección ejecutiva, ya que con esto evitaban descalificalificar a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, pues sería designado como el jefe de los peritos que haría las evaluaciones técnicas en el proceso de licitación pública nacional, y así asegurar la adjudicación a la empresa Transcore Latam S.R.L.
Lo anterior muestra las maniobras fraudulentas en el proceso y las intenciones de que el mismo beneficiara a la estructura, razón por la que aseguraron el control de este.
