SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera importante realizar un ejercicio de ponderación sobre algunos aspectos destacados de la institucionalidad y el sistema de justicia del país, que permita establecer los retos y perspectivas de cara al 2022.
De acuerdo al documento de la entidad, el análisis parte del reconocimiento de los efectos de la pandemia por Covid-19 al inicio del 2021, que significaron el deterioro de varios aspectos del cuadro general de la sociedad dominicana, especialmente en lo referente a las áreas económica, institucional y el tejido social.
Resalta que los sucesivos estados de emergencia, las medidas restrictivas para enfrentar la crisis sanitaria y la percepción creciente en la población del deterioro de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, significaron graves retos para la democracia dominicana.
“Lo anterior se conjugó con el arranque de un nuevo equipo de gestión gubernamental que planteó la necesidad de reforzar una serie de áreas vitales para devolver la confianza en las instituciones y establecer mecanismos para fortalecer la institucionalidad democrática”, explica.
Consideran que fue oportuno el avance que supuso el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y es que, a pesar de que la virtualidad fue el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial para evitar el cierre total de las actividades jurisdiccionales en razón del confinamiento del año 2020 por la pandemia que todavía enfrentamos, en general esta medida constituyó una respuesta a la demanda de mejora en la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia.
Asimismo, valoró el trabajo del Ministerio Público por su misión constitucional de defender el interés público tutelado por la ley, y hacer efectivos los derechos y garantías consignados en defensa de la sociedad.
Explica que aspectos como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, entre otros, que por años la sociedad dominicana le ha señalado al sector justicia, pudiesen encontrar una vía de mejora en el uso de los medios digitales como herramienta para lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema, tal y como se ha visto reflejada en otras instancias de la administración pública que han utilizado la virtualidad como vehículo para eficientizar los servicios e, incluso, garantizar su accesibilidad.
