Alexis Medina se enriqueció “por acciones y omisiones” del expresidente Danilo, dice la Pepca en la acusación formal

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SANTO DOMINGO.-Los fiscales anticorrupción depositaron hoy acusación formal contra los imputados en el caso Pupo, en cuyo expediente afirman que Alexis Medina Sánchez, principal implicado, sin ser un empresario exitoso logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones” de su hermano el expresidente Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020.

En el escrito acusatorio, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que el imputado se benefició de una relación ventajosa con el Estado y que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de su hermano, el expresidente Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.

Así lo hace constar la Pepca mediante una nota de prensa, donde además dice que Medina Sánchez hasta llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

La Pepca dice que Alexis pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación que había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, y con “algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales.

“El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado”, explican en la nota de prensa.

El expediente, que consta de unas 3,500 páginas, indica que el imputado llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.

En el documento el órgano acusador dice que “la corrupción va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas irregulares que apartan los recursos colectivos de su fin legítimo”.

“La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de derecho, destruye la confianza en la Administración Pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social y se incrementen el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de reducir la calidad de vida de las personas y su bienestar general”, dice el expediente.