Aplazan para el 18 de agosto medidas de coerción a 15 imputados en operación Cattleya

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SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 18 de agosto la medida de coerción contra los 15 implicados en la supuesta red de trata de personas develada mediante la Operación Cattleya.

El juez Pablo Imbert decidió aplazar la audiencia luego de que varias defensas indicaran que el Ministerio Público no había notificado física la acusación con la pruebas que aseguran tener en contra de los encartados.
Para algunos de los abogados la investigación del Ministerio Público en torno a la Operación Cattleya es totalmente falsa y errónea, al asegurar que sus clientes no se le ocupó nada que los vinculará a una supuesta trata de personas.

Mientras que otros indicaron que sus representados no representa peligro de fuga, por lo consideran que no es necesario imponer prisión preventiva, solicita el Ministerio Público.

La fiscalía mantiene su acusación y asegura estar lista para conocer la coerción.

Los familiares de algunos de los imputados se encuentran desde tempranas horas en el lugar brindándoles apoyo a sus parientes.

Con la apuesta en marcha de la Operación Cattleya el órgano acusador realizó varios allanamientos en el Distrito Nacional y en la región Este, donde rescataron 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolanas entre 18 y 23 años que alegadamente era movilizadas con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero, según el ministerio público, eran explotadas sexualmente.

De acuerdo con estos, las víctimas eran ubicadas tanto en el Distrito Nacional como en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, donde ofertaban los servicios sexuales a un costo desde 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

El órgano acusador señala además que las jóvenes eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre tres y cuatro mil dólares con las redes que las movilizaban, y que además de obligarlas a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos humillantes e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

Además de un año de prisión preventiva, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.