Finjus solicitará al presidente Luis Abinader rechazar el nuevo Código Penal, si se aprueba

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SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) solicitará al presidente Luís Abinader vetar el nuevo Código Penal de la República Dominicana que se está conociendo en la Cámara de Diputados si éste es convertido en Ley.

La recomendación de la Finjus es debido, según entiende, a que la Cámara de Diputados cometió graves violaciones a la Constitución de la República y a sus propios reglamentos al conocer una pieza en paralelo a otra que tiene el mismo contenido y cuyo informe fue rechazado.

“Si conforme los trámites legislativos correspondientes se envía finalmente el proyecto al Poder Ejecutivo, recomendamos que éste sea observado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución dominicana”, advirtió el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Dicho artículo establece que “si el Poder Ejecutivo observa la Ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”.

El proyecto de ley del Código Penal que se está conociendo en el Congreso, se introdujo en la Cámara Baja en la sesión ordinaria del pasado martes y el anterior, sancionado ya en el Senado, se aplazó “indefinidamente”.

Sobre este particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia considera como grave la violación a los procedimientos internos de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión sobre el nuevo proyecto de ley.

Castaños Guzmán manifestó que la iniciativa debe ser presentada en la próxima legislatura, que es a partir del 27 de febrero, y recordó el artículo 107 de la Carta Magna, que pondera: “Los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente”.

“Resulta peligroso para la institucionalidad democrática que el órgano encargado de legislar y fiscalizar conforme nuestro ordenamiento jurídico constitucional actúe de manera sorpresiva y confusa, lo cual puede generar graves repercusiones para el necesario fortalecimiento de los procedimientos”, acotó el destacado jurista.