trasciende hay rose entre el Ministerio Público y abogados del Estado por el caso Medusa

Ministerio Público no lo incluyó en expediente acusatorio y a cambio estos serán testigos a cargo en expediente cuyo principal inculpado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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Santo Domingo,- Un rose se estaría produciendo entre las direcciones de Persecución y la Procuraduría General de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) con los abogados del Estado con respecto al caso Medusa, específicamente en lo concerniente a quienes negociaron delaciones premiada, dijo a este portal una fuente familiarizada con la investigación.

Los fiscales que dirigen los magistrados Jeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho negociaron con varios contratistas del Plan de Humanización del sistema Penitenciario quienes, supuestamente, habrían admitido haber dado soborno al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y son parte de los testigos a cargos con los que cuenta el Ministerio Público.

A cambio, el órgano persecutor no lo incluyó en el expediente con la acusación que ya presentó ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que preside el magistrado Amaury Martínez.

Sin embargo, conforme a la fuente antes citada, los abogados del Estado liderado por el jurista Jorge Luis Polanco está intimando mediante actos de alguacil a dichos testigos para que procedan a resar al Estado con sumas millonarias, o de los contrario serán perseguidos penalmente.

La fuente sostuvo que, tanto los testigos que negociaron la delación premiada, como sus abogados, se sienten muy molestos, pues entienden que si el Ministerio Público llegó a un acuerdo con ellos, el mismo Estado, a través de sus abogados, no puede iniciar una persecución en su contra, porque se trata del mismo hecho.

«Lo preocupante de todo esto es que las acciones de los abogados del Estado se pusieron en marcha sin haberlo comunicado al órgano persecutor», agregó la fuente que insistió su nombre se mantenga en el anonimato.

También se ha sabido que,  habrían renunciado al menos una veintena de abogados que fueron contratados por el Estado para que se encarguen de recuperar el patrimonio público sustraídos por particulares a través de procesos amañados.

Los togados habrían renunciado alegando no disponer de tiempo para tan ardua labor, ya que tienen mucho trabajo en sus oficinas privadas.