SANTO DOMINGO.-El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) pidió transparencia en la facturación de la energía eléctrica al revelar denuncias de ciudadanos que han recibido un incremento en sus facturas hasta tres veces por encima del historial de consumo, bajo el alegato de que en verano se eleva el consumo de energía, “lo cual es cierto, pero también lo es que muchas familias salen de vacaciones, y de igual modo sus facturas llegan como si nada ocurriera, lo que denota que en algunos casos se factura, no por lo medido, sino por lo estimado, ¡y eso debe ser explicado al consumidor!”
ONPECO recordó que, a principio de año, cuando se iniciaron las alzas previstas en el Pacto Eléctrico, de que habría un incremento en la tarifa de electricidad cada tres meses hasta el año 2026, junto a otras organizaciones, interpuso un Recurso de Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), porque la decisión de la Superintendencia de Electricidad viola la Ley número 125-01 que regula al sector eléctrico.
Con el alegato de que ningún pacto debe estar por encima de la ley y de que el sector social no firmó el referido pacto, las organizaciones se ampararon en la legislación administrativa para que ese Tribunal dejara sin efecto el alza, por la ilegalidad de este.
Empero, el Tribunal desestimó la instancia, sin explicar las razones y sin entregar a los accionantes la decisión, de manera oficial, por lo que las organizaciones apelarán la decisión en tanto y cuanto le sea entregada de manera oficial la decisión.
ONPECO recordó que en el llamado Pacto Eléctrico estuvo ausente el sector social el cual nunca aceptaría el alza en la factura, pero sí que se aplicara la Ley número 125-01, que fue prácticamente derogada por lo pactado, sentando un precedente que formaliza la ilegalidad.
El sector social representaría cerca del 60 por ciento de la población, la cual estuvo ausente en el referido pacto y, en cambio, lo pactado se concertó entre el sector oficial y el sector empresarial como si las organizaciones empresariales representaran a la sociedad civil.
“Entendemos que, al depender de la importación de los combustibles, había que buscar una salida a la situación, pero esta debió estar vinculada a lo establecido en la Ley donde se contemplan decisiones favorables a los usuarios como es la indemnización con 150 salarios mínimos por cada hora de apagón; eso está expresado en la Ley número 125-01, pero en el pacto lo dejaron sin efecto”.
Continúa explicando que “El alza del 30 de junio ha golpeado severamente a los consumidores que soportan una inflación de las más altas de nuestra región, importada por demás, por lo que entendemos que la administración debe, al menos, disponer la suspensión temporal del alza de la factura eléctrica mientras perduren los factores exógenos que se agregaron a la inflación, como son los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania”.
ONPECO pidió al TSA que revise el recurso interpuesto por las organizaciones de consumidores, porque hay violación a la Ley y el Recurso de Amparo busca que se respete a la mayoría que no fue tomada en cuenta a la hora de la firma del pacto de marras.
