Participación Ciudadana critica a la Dirección de Contrataciones Públicas

SANTO DOMINGO.-El Coordinador General de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, hizo duras críticas a las autoridades por el manejo del contrato de la cuestionada empresa TransCorp Latam, para la modernización de la red semafórica, el cual, supuestamente, se había anulado el año pasado, pero que recientemente se descubrió seguía ejecutándose hasta que se produjo el fallo del sistema en las principales intersecciones del Distrito Nacional, provocando caos e inseguridad en capital dominicana.

“Faltan elementos necesarios para conocer de esa contratación pública, de hecho, nosotros reclamamos aspectos tan puntuales como que, desde el anuncio de la suspensión a esta fecha, cuántos pagos se han hecho y a quien se le han hecho” dijo Hernández, agregando que todo lo sucedido no solo ponen en entre dicho al INTRANT y al gobierno, sino también a la propia Dirección General de Contrataciones Públicas y a su director, Carlos Pimentel, quien irónicamente fuera el director ejecutivo de la misma Participación Ciudadana en el pasado reciente.

El máximo directivo de la organización de la sociedad civil hizo la salvedad de que Pimentel, cuando fue directivo de la Participación Ciudadana, fue proactivo y proyectó mucho a la entidad, pero que, en las actuales funciones públicas que tiene, “no debió contentarse solamente con hacer las observaciones de las irregularidades del proceso de licitación, si las hubo, porqué todavía no tenemos nada definitivo, sino que debió supervigilar la suspensión de ese contrato, a los fines de cumplir con la transparencia necesaria”.

El también jurista, ofreció estás declaraciones al ser entrevistado por Otilio Arnó, Ronny Lebrón y Hernán Paredes, en el programa Vozz Vespertina que se transmite por los canales 85 de Claro Dominicana y Wind TVO, Vozz Media Network.

Al ser cuestionado por los resultados del último Latinobarómetro de las Américas, el cual muestra que la percepción de la corrupción, entre los años 2019 y 2023, aumentó su porcentaje de un 59% a un 62%, Hernández manifestó que su organización no ha fijado posición sobre la respecto.

Sin embargo, el directivo de PC citó un estudio sobre aspectos de la democracia que les fue presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), que muestra una tendencia similar de aumento de la percepción de la corrupción, entre los años 2020 y 2023, pero que, en 2024, hubo una mejoría sobre esa percepción, producto de los procesos penales en curso y de los esfuerzos de la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

Por otra parte, sobre el anuncio del gobierno de reducir el gasto mediante la fusión y eliminación de instituciones públicas, valoró como positiva la intención de reducción del tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, pero advirtió que, en el caso de la fusión del Ministerio de Educación (preuniversitaria) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, debe tenerse muy presente la diferenciación de lo que tiene que ver con la regulación de universidades y el resto de funciones que relacionadas con la gestión de las escuelas.

Acerca de las intenciones de utilizar el presupuesto del 4% del PIB para educación preuniversitaria para financiar los programas de educación superior, Erick Hernández recordó que, en el pasado, PC crítico que se usaran esos recursos intensivamente para construcción de escuelas y no necesariamente para mejorar la calidad de la educación, por lo que considera que, ahora, con la fusión de los ministerios, lo que debemos vigilar es que se priorice la educación y la capacitación de los profesores y dejar que otros ministerios se encarguen de la constitución de infraestructura.

El directivo de PC también se refirió a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), considerando como positivas las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, las cuales, aseguró, incluyen las observaciones hechas por Participación Ciudadana para preservar los derechos de los ciudadanos mediante la supervisión de jueces en ciertas circunstancias.

En otro orden, acerca de las intenciones del Presidente de la República de impulsar una modificación a la Constitución de la República, la organización de la sociedad civil está de acuerdo con poner candados respecto a la reelección, así como otros aspectos relacionados a la independencia del Ministerio Público, sin embargo, tienen su propia visión sobre lo concerniente a la intención de unificación de las elecciones municipales con las elecciones congresionales y presidenciales.

Hernández, sobre las propuestas de disminución de los diputados del Parlacen, dice que este organismo es sumamente relevante para la supervisión de los tratados internacionales entre países, además, aseveró, dicho organismo regional también vela por los intereses de República Dominicana ante situaciones que pudieran presentarse en la corte Centroamericana ante cualquier conflicto de comercio.

Sobre el financiamiento a partidos políticos, Hernández admitió que la democracia cuesta, pero se manifestó contrario a situaciones como la ocurrida en las elecciones pasadas, dónde, afirmó, la Junta Central Electoral solicitó adelantar el pago de esos recursos a los partidos, pues PC piensa que, para eso, se necesitaba un trámite constitucional que fue obviado.

El Coordinador General de PC se refirió también al caso de la vacancia en la alcaldía de la Vega, donde renunciaron tanto el alcalde electo como la vicealcaldesa, situación que, al parecer, crea una especie de vacío legal; sin embargo, el también Doctor en Derecho dice entender que no es necesario hacer nuevas elecciones allí y que, según la ley de municipios, se dicta que la solución está en el Secretario General del ayuntamiento.

Finalmente, Hernández dijo que la prioridad de PC en los próximos años estará orientada en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, sobre todo el acceso a la información pública, así como en fortalecer las funciones de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

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