Santo Domingo.- Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), llamó este lunes a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político local.
Este llamamiento de la ONG tiene lugar tras informaciones que relacionan con el narcotráfico y el lavado de dinero «a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político», especialmente con el partido en el Gobierno.
A través de un comunicado, el capítulo dominicano de TI consideró «urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano».
En referencia al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde 2020, señaló que si bien ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas, «tiene cuota de responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que hoy sufre».
El PRM subrayó el pasado jueves «su posición firme, categórica e inquebrantable frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico», tras varios casos de dirigentes de esa organización relacionados al tráfico de drogas.
La nota fue publicada dos días después de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confirmara que colabora con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) en una investigación en contra del empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, quien hasta el pasado 23 de mayo se desempeñó como asesor honorífico para el fomento y desarrollo de las zonas francas de República Dominicana.
Jorge-Puras es, además, tesorero del equipo de béisbol profesional Águilas Cibaeñas, que el miércoles informó de que éste tomó una licencia de su cargo «a raíz de los contenidos divulgados».
Al caso de Jorge-Puras se suma el de la exdiputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, quien ingresó a una cárcel en septiembre de este año tras ser condenada a 5 años de prisión por lavado de activos de recursos provenientes del narcotráfico en mayo de 2024, cuando aún ejercía como congresista.
En abril de 2024, la Corte del Distrito Sur de la Florida sentenció a 16 años de prisión por tráfico de drogas al exdiputado Miguel Gutiérrez, arrestado en Miami en mayo de 2021, justo un año después de juramentarse como congresista del PRM.
Y en mayo de este año, el edil Edickson Herrera Silvestre, también del PRM, se entregó a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado en una corte de Florida de pertenecer a una red internacional de tráfico de cocaína.
En muchos de los casos, de acuerdo con PC, «las actividades sospechosas de parte de los hoy investigados, o condenados, formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales».
Los casos, además, «han generado justificadas preocupaciones» en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado.